En prisión, en un entorno que física y psíquicamente inclina a la enfermedad y con unos servicios médicos deficientes, difícilmente encontrará una persona con dolencias graves la atención médica que necesita, el tratamiento más adecuado, las condiciones mínimas para que no se agrave su dolencia o la garantía de ser atendido con urgencia si lo necesita. La legislación penitenciaria hasta parece entenderlo así cuando establece mecanismos para que las personas con enfermedades crónicas, graves o incurables puedan ser liberadas. Por humanidad, dice la letra. La práctica, en cambio, dice que la humanidad no da para mucho y los derechos dan para mucho menos. La cárcel es estructuralmente incapaz de garantizar el derecho a la salud y a la vida, pero presas y presos políticos gravemente enfermos, seguirán en prisión mientras no haya riesgo inminente para su vida, según reza la última instrucción de IIPP. Hasta entonces, las Juntas de Tratamiento evaluarán su padecimiento y decidirán si es suficiente para ser liberado o puede seguir sufriendo. Josetxo Arizkuren fue diagnosticado hace 12 años de una grave dolencia cardiaca. Hace dos, sufrió una angina de pecho; recientemente, un infarto. Sigue en prisión. Parece que, para quien debe evaluarlo, el padecimiento aún no es tanto, ni el riesgo lo necesariamente inminente.