A 21 kilómetros al sureste de la Puerta del Sol comenzó hace cuatro décadas a levantarse el asentamiento conocido como Cañada Real, la urbanización irregular que se ha convertido en un emblema de la negligencia de la élite política madrileña y que sobre fin de año ha vuelto a ser noticia por el temporal de frío y nieve que afectó a sus habitantes, la mitad de ellos sin luz desde octubre.

Este asentamiento, ubicado en el límite entre los municipios de Madrid, Rivas y Coslada, debe su nombre a la histórica Cañada Real Galiana, la vía pecuaria que une La Rioja con Ciudad Real. A finales de la década de los setenta se comenzó a poblar en forma irregular este tramo de las afueras de la capital. Varias partes fueron legalizadas con el tiempo. Todas menos la Cañada.

En 2017 hubo un viso de esperanza cuando el gobierno regional, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y los ayuntamientos involucrados firmaron el Pacto por la Cañada Real. Eran tiempos en que gobernaban en la ciudad Manuela Carmena y Cristina Cifuentes en la Comunidad. Pero parece que con ellas también se fue la vigencia del Pacto.

El asentamiento tiene 7.000 personas censadas pero quienes conocen bien la zona aseguran que en realidad hay entre ocho y nueve mil residentes. La mayoría son de origen rumano, marroquí y gitano, además de ser un vecindario al que van muchos enfermos drogodependientes sin hogar (un bus médico de la Consejería de Sanidad está allí para atenderlos).

Los residentes están distribuidos a lo largo de unos ocho kilómetros divididos en seis sectores. El 1 está integrado a Coslada: los 2, 3 y 4 están en mejores condiciones (buenas edificaciones y calles) y la situación más dramática es en el 5 y 6, donde habitan unas cuatro mil personas que viven en un gueto de hecho no sólo por el abandono y la vulnerabilidad sino por el asedio de no tener luz hace más de 100 días, en medio de la peor nevada que sufrió la región en un siglo.

«El gobierno de la CAM y el municipal aducen que hay determinadas casas que tienen instaladas plantaciones de marihuana y para cuidarlas necesitan mucha potencia de luz por los focos para que la planta madure antes y se pueda vender la flor. Eso provocaría la sobrecarga en la red y los apagones», explica a GARA el exdiputado autonómico por Podemos, Raúl Camargo, uno de los referentes políticos madrileños que más vínculo tiene con la Cañada.

El dirigente de Anticapitalistas admite que esa situación «puede haber ocurrido en alguna oportunidad en octubre, cuando cortaron la luz», pero advierte de que la compañía Naturgy «tiene la tecnología para detectar dónde hay esa supuesta sobrecarga y actuar». En realidad, señala que para entender esta debacle humanitaria «hay que seguir la pista del dinero y del ladrillo».

«Ocurre que la Cañada está ubicada en un terreno que ahora mismo es objeto de hasta tres proyectos urbanísticos de las constructoras más grandes del Estado y (en sus inmediaciones) se hará la mayor promoción de suelo de toda la CAM. Son miles de pisos por vender, proyectados de media en 260.000 euros y los chalets en 400.000. Las personas pobres que viven ahí son un problema para que se revaloricen», asegura.

Camargo denuncia el «incumplimiento flagrante» del Pacto de la Cañada y recuerda que ya en aquel momento algunos sectores políticos sugerían que «se derribara todo», a lo que la izquierda se opuso y consiguió que todo derribo de alguna vivienda se haga con previo realojamiento y respeto del arraigo social. Sí se acordó tumbar la mayoría del Sector 6 por las afecciones del terreno incompatibles con la habitabilidad y relocalizar a 900 familias. Sólo se ocuparon de 100. «Sucede que (los gobiernos regional y local) han visto que hay muchos desarrollos urbanísticos perdiendo dinero por esto, entre ellos Sergio Ramos y Eroski, que forman parte de uno de los consorcios. Buscan recalificar la zona y reconstruir un polígono industrial que dé servicio a los nuevos desarrollos», explica, y allí radicaría la razón del asedio: desde el 2 de octubre se cortó la luz en los sectores 5 y 6, con algunos retornos intermitentes de breve duración. «Durante las fiestas de fin de año no tuvieron luz y debieron tirar de generadores. Hay colectivos y asociaciones que hicieron campañas y les compraron estufas de gas».

Ante lo insólito de la situación, Camargo cree que la única explicación es que el PP y Ciudadanos de Madrid está integrado por «personas que odian a los pobres y les dan igual». Recuerda el caso del asentamiento de la cercana Orcasitas, que fue puesto en valor, pero no así la Cañada.

«Usan lo de la marihuana para encubrir lo que persiguen, quieren esos terrenos despejados. Sí, claro que habrá algún narcotraficante, pero han estigmatizado a miles con ese argumento», lamenta.

Reclamo y auto-organización

Con la llegada del invierno, la situación de la Cañada se volvió mas acuciante y gracias a la movilización de sus habitantes, especialmente las mujeres autodenominadas Lideresas que conforman la Asociación Cultural Tabadol, y dirigentes de Anticapitalistas y Podemos, el tema ha vuelto a las portadas de los sitios de noticias.

El jueves pasado, cuando comenzaba la nevada histórica en Madrid, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, y el diputado y secretario general del PCE, Enrique Santiago, fueron a la Cañada y en rueda de prensa denunciaron la «aporofobia criminal» del PP y recordaron que desde la Vicepresidencia segunda del Gobierno, que tiene a cargo el área de Derechos Sociales, se facilitó una Unidad Militar de Emergencias para contrarrestar el drama humanitario ante la falta de luz y el frío. «La Comunidad hace un bloqueo a esta ayuda y ya pasa a tener responsabilidad criminal», expresaron.

Pero el asunto llegará a Bruselas. El diputado del grupo de la Izquierda del Parlamento Europeo, Miguel Urban, ha anunciado que preguntará formalmente a la Comisión Europea «por qué los cinco millones de euros en los fondos para infravivienda de 2014 destinados a la Cañada no se han ejecutado y por qué la CAM ha pedido ampliación de plazos. Queremos que tome la Comisión cartas en el asunto porque hay cuatro mil personas, entre ellos 1.800 niños, en extrema vulnerabilidad y se están violando derechos humanos».

La presidenta de la Asociación Tabadol, Houda Akrikez, una de las cientos de mujeres marroquíes residentes en la Cañada, habló con GARA. Ella es la cara más visible de la movilización vecinal que llevó la protesta hasta la sede de Naturgy y que impulsa los recursos judiciales para devolver a los habitantes del asentamiento el derecho a la luz.

«Los cortes empezaron en 2019 y fueron 15 días. En marzo volvió a ocurrir con la excusa de la carga de la red por plantaciones de marihuana. Pero desde el 2 de octubre se cortó totalmente. Hemos tocado bastantes puertas, en la CAM, en el Ayuntamiento, en la Delegación del Gobierno en Madrid y en Naturgy, pero no nos dan ninguna solución. Estamos esperando respuestas por la vía judicial», relata. Akrikez expresa su preocupación por la «muy grave crisis sanitaria» derivada de la ola de frío. «La fuerte nevada nos ha limitado bastante. La gente se está quedando sin butano, sin poder comprar, sin gasolina para los generadores que nos dan calor en nuestras viviendas. No hay agua caliente y la gente se está enfermando».

Como prueba de la tragedia social, ya hasta hay un recuento de víctimas por la situación: «Llevamos tres fallecimientos de personas sin hogar, un fallecimiento de una mujer mayor por el frío, hubo dos ingresos de bebés por infección respiratoria y 40 intoxicaciones por el gas butano. Cada vez más enfermedades que surgen por la no luz», señala. Según ha informado la Consejería de Interior, la solución de la CAM es repartir alimentos y mantas y, con ayuda de Naturgy, estufas. Parches de corto plazo en medio de la calamidad. Para peor, se encarga de filtrar que algunos de los trabajadores que fueron a repartirlos recibieron «pedradas y levantamiento de barricadas».

Esto dio lugar a, otra vez, a ensanchar la grieta con Moncloa. El consejero de Justicia, Enrique López, dijo en una carta que estos sucesos ocurrieron después que la CAM haya solicitado a la Delegación del Gobierno un refuerzo de efectivos policiales para la Cañada. Ayer, se informó que unidades especializadas de la Policía Nacional acompañarán a los repartidores.

Mientras la política pierde energía en esos detalles, miles esperan una solución definitivas a unas condiciones de vida que parecen de otro continente. Pero el panorama no es alentador: el Pacto de la Cañada se firmó cuando el PP local era liderado por Cifuentes, quien quería desmarcarse del neoliberalismo ultra de Esperanza Aguirre. Además, había solo cuatro grupos en la Asamblea: PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.

Pero ahora no sólo encabeza el gobierno el emblema de la derecha española trumpista como Isabel Díaz-Ayuso sino que hay otros dos grupos: Más Madrid y Vox. Este último, apoyo clave para la gobernabilidad del tandem PP-Cs, seguramente bloqueará soluciones estructurales para un problema que protagonizan en su mayoría inmigrantes, muchos de ellos no católicos. El gueto madrileño a media hora de la Puerta del Sol escenifica lo peor de la casta política local y lo mejor de su gente, con su resistencia.