El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, informó de que su Administración ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de «países patrocinadores del terrorismo». Washington justificó esta medida en el apoyo cubano a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se desplazaron a La Habana para las negociaciones con el Gobierno colombiano, o por ofrecer refugio a personas «buscadas por graves delitos», como la «pantera negra» Assata Shakur. Donald Trump ya había endurecido algunas políticas y había marcado como objetivo dinamitar el acuerdo histórico que lograron Barack Obama y Raúl Castro. En su momento, ese pacto se consideró un paso previo a acabar con el embargo económico, comercial y financiero. Además de EEUU, Israel y Brasil son los únicos países del mundo que defienden el bloqueo, porque según la ONU supone un injusto castigo contra la población cubana y los derechos humanos.

Hace varios meses que había rumores del empeoramiento de las relaciones con Cuba, pero vistos los últimos acontecimientos en Washington lo lógico hubiese sido que se hubiese suspendido. La Administración Trump está en funciones y, sobre todo, esta es la semana del asalto al Capitolio. Por mucho «excepcionalismo americano» que defiendan, no está EEUU para definir qué es «terrorismo». Trump está pendiente de un proceso de destitución exprés y debería ser juzgado, porque él, su Gobierno y muchos representantes de su partido han promovido esa violencia que todo el mundo ha visto. Hay debate entre expertos y juristas sobre si los responsables deberían ser juzgados por insurrección o por «terrorismo doméstico».

Esta maniobra busca hipotecar a Joe Biden, que gastará energías en revertir estas medidas, retrasando el objetivo de recuperar unas relaciones bilaterales justas con Cuba. A estas alturas, es imposible que la Historia absuelva a Trump o a Pompeo. Sin embargo, la comunidad internacional debería garantizar que el pueblo cubano no sufra más por sus postreros delirios imperialistas.