Ramón SOLA
Elkarrizketa
AGUS HERNÁN
PORTAVOZ DEL FORO SOCIAL PERMANENTE

«Es posible cerrar la excepcionalidad carcelaria y abrir una segunda fase»

Sabe que la previsión hecha hace un año en estas páginas sonó optimista, pero se ha ido cumpliendo. Ahora el Foro Social mira sobre todo al futuro, a lo que se puede y debe hacer en 2021, con el aviso de que «el reloj corre contra la resolución».

Hace justo un año hablaba en estas páginas de que había voluntad del Gobierno y de los presos y que faltaba que encajasen. El puzzle está lejos de completarse pero ¿empieza a tomar forma?

Absolutamente. Hablábamos de que los astros empezaban a alinearse. En 2017 se produce la decisión de EPPK, en 2018 la disolución de ETA y luego la llegada de Pedro Sánchez con un anuncio inesperado de que la cuestión penitenciaria está en su agenda. Después entramos en un bucle electoral que acaba hace un año. Luego llega la pandemia. Pero toda esta secuencia nos lleva al 19 de junio, cuando se reactivan los acercamientos.

¿Cuál sería un objetivo realista en este terreno para este 2021? ¿Finiquitar las políticas de excepción y emprender la fase de las excarcelaciones?

En el análisis que presentamos el 4 de enero definimos dos fases. Una es el fin de la excepcionalidad, con cinco puntos de la agenda urgente de resolución: acercamiento a cárceles vascas, evolución a segundo grado, presos enfermos y mayores, aplicación de la directiva europea [de descuento de condenas] y transferencia de materias penitenciarias. Es razonable y es posible poder cerrar esta fase y encarar en el curso siguiente la segunda: un plan público acordado de reintegración de las personas presas y buscar mecanismos innovadores para una aplicación flexible de la Ley 7/2003. El cierre adecuado de la excepcionalidad penitenciaria en estos cinco puntos permitirá generar un clima de confianza suficiente para encarar la segunda fase.

¿Público y acordado? ¿No es demasiado ambicioso para lo que suele dar un Gobierno español?

Lo importante es que se produzca, en cualquier caso. Somos muy pragmáticos en este terreno, teniendo en cuenta que no estamos en un proceso clásico, no hay nada firmado, lo estamos construyendo todo. Lo importante es que hoy día todos los agentes y personas que apuestan por la resolución entienden que resolver esto aporta a la convivencia.

Estuvo hace un par de meses en la cárcel de Albolote con la interlocución de EPPK. ¿Qué le transmitieron?

Nuestra interlocución con EPPK es constante y su posición es clara: reiteran que todos los presos están por hacer este camino, cada uno desde sus ritmos y su situación personal, desde una voluntad de aportar a un proceso de convivencia democrática.

¿El Foro le pide algo a EPPK?

Más que pedir, compartimos análisis. Lo agradecen y nos piden que compartamos sus análisis con el resto de agentes. Sí les pedimos perseverar en este camino de la vía legal. Estamos viendo una serie de resultados, la situación se está moviendo: esta semana hemos visto la decisión sobre el preso enfermo Antton Troitiño o nuevos anuncios de acercamientos.

Sabemos menos de la interlocución que tienen por el otro lado: entorno del Gobierno español, partidos de derechas, asociaciones de víctimas quizás... ¿Hay una evolución también ahí?

Tenemos interlocución con todos los agentes que intervienen en esta cuestión, pero me quedo aquí por necesidad de discreción. Estamos muy preocupados con este ‘lobby’ que cada semana se nos muestra más extendido: ahí está por ejemplo la repetición del juicio del ‘caso Bateragune’. Vemos que a medida que se dan pasos aparecen nuevas dificultades también. Y el espacio contrario a la convivencia va subiendo el tono. Ante esa realidad, lo fundamental es un dique de contención, en el Estado español más que en Euskal Herria, porque aquí los consensos ya están construidos. No es imposible, hoy en el Congreso hay una mayoría de 55%, tasada, comprometida con estas cuestiones.

Insisten mucho en el ‘lobby’, pero las asociaciones de víctimas no están parando el proceso de acercamientos. ¿No es más peligroso, e imposible de neutralizar, el factor judicial? Jaione Jauregi, los jóvenes de Araba, Bateragune...

Absolutamente. Hay jueces y fiscales más en lógica anterior, «antiterrorista» y con sesgo ideológico de ‘vencedores y vencidos’, que genera tensiones. Afecta al debate político y a la búsqueda de consensos, porque muestra a algunos sectores que no hay proceso de paz en este país. Preferimos hablar de proceso de construcción de paz, es más ajustado a la realidad.

El Foro siempre ha definido tres nudos entrelazados que soltar: además de presos y exiliados, víctimas y memoria. ¿Qué les dicen las víctimas, qué necesitan, qué piden?

Existe una cuestión previa y es que todas las víctimas, todas, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Sobre las víctimas del Estado, se han dado pasos como las leyes del Parlamento Vasco, aunque estamos preocupados por el escaso número de peticiones, de expedientes, los datos son muy bajos. Entiendo perfectamente que es gente que ha estado muy desamparada, se sienten víctimas de tercera categoría, o en el caso de los torturados te dicen que ya aportaron su caso al informe de Paco Etxeberria... Pero nosotros animaríamos a usar ese mecanismo, desde el respeto absoluto a su dolor y a sabiendas de lo que les remueve volver a exponer sus casos. En el caso de Nafarroa, está pendiente el recurso al Tribunal Constitucional sobre su ley. Esto sobre reparación; sobre la verdad pendiente, diría que son muy escépticas en poderla alcanzar.

En cuanto a las víctimas de ETA, hay diferentes posiciones, incluso estamos viendo algunas que piden a los partidos no ser utilizadas. Estamos muy preocupados con los ataques que algunas víctimas han recibido, en diciembre hubo un pico pero está siendo algo continuo. En cuanto a las asociaciones, creo que pueden aportar sus ideas pero siempre aceptando que las políticas públicas las deciden los gobiernos elegidos democráticamente y mirando hacia el bien común, que en nuestro caso es la construcción de la convivencia democrática.

En el tema de memoria, vemos que el PSOE corrió a amparar a Felipe González ante el documento de la CIA, el 35 aniversario de Mikel Zabalza no ha acercado la verdad, el informe sobre la tortura sigue sin catalizar nada en Madrid... ¿2020 ha sido otro año perdido?

Lo que cita es así de claro. Por eso son tan importantes la reparación y el reconocimiento social para estas víctimas, porque a falta de verdad judicial sí tienen que tener verdad social. Por ejemplo, tras la iniciativa de la asociación impulsada por Pili Zabala hay una verdad social; quieren que se convierta en verdad judicial, y es legítimo.

Llegamos en meses al décimo aniversario de Aiete. ¿Puede generar algún impulso extra, se está preparando algo?

Tiene que servir primero para interpelar: ¿cómo es posible que usted y yo estemos aún hablando de estas cosas después de diez años? Sabemos que los procesos post-violencias son largos, pero hay nudos que deberían estar resueltos: una Ley de Víctimas del Estado, el tema de los presos... Quisiéramos que fuera un momento de reflexión y de darle un nuevo impulso.

A todo esto, ¿la comunidad internacional ha desaparecido, se ha replegado...?

Me lo preguntan siempre y yo siempre digo que la comunidad internacional estuvo en Baiona, estuvo en Kanbo y sigue con interés la evolución de nuestro proceso: primero, porque saben que es un proceso innovador; segundo, porque están implicados en el proceso, incluso de manera personal, no hay que olvidar que ha sido el último conflicto armado en Europa; y en tercer lugar, porque están asombrados de la actitud de los diferentes gobiernos españoles, desde el inmovilismo conocido de Rajoy a esta aplicación excesivamente prudente de Sánchez.

Miramos a 2021. El Foro trabaja consensos en Euskal Herria y dice que están consolidados, pero ¿tienen letra pequeña, son concretos? ¿Hay acuerdo genérico en el objetivo o también sobre cómo llegar allí?

Hay consenso consolidado respecto a la primera fase de que hablábamos al principio. Hace falta crearlo en torno a la reintegración o la Ley 7/2003, pero llegará ese momento. Estos consensos no han sido una palanca total, pero hay que darles mucho valor: a algunos agentes, estoy pensando en un sindicato en concreto, les ha costado mucho llegar a este punto, aunque para otros parezca insuficiente. El acuerdo que presentó Etxerat en diciembre en el Euskalduna incluye un plan de implementación que se va a desarrollar. Esperamos pronto otro paso en Nafarroa. Sin estos consensos hubiera sido mucho más difícil aprovechar la oportunidad de la que hablábamos al principio. Han sido tres años de trabajo, de hilo fino... Y todo el mundo es consciente de que este tiempo está tasado y hay que aprovecharlo, ahora.

Me ha llamado la atención esa frase del documento que acaba de presentar el Foro: «El reloj corre contra la resolución y los tiempos están tasados». ¿Están hablando de la legislatura en el Estado español, del año 2023?

Influyen diferentes cuestiones: la propia voluntad de las personas presas y de EPPK, que los consensos aquí ya consolidados sirvan de más palanca... Sobre Madrid, en este momento un 55% del Congreso es favorable a esta cuestión, hay un gobierno de coalición con dos fuerzas también en esta línea... nadie sabe qué va a pasar tras las próximas generales.

Cuando destaca los consensos, ¿significa que se han superado las desconfianzas, reticencias, problemas de protagonismo... sobre todo en Hego Euskal Herria? ¿Qué importancia ha tenido Ipar Euskal Herria en todo ello?

Sí, yo creo que los dos espacios se han retroalimentado. En un momento concreto Ipar Euskal Herria ha sido inspirador para ciertos actores. Y en este momento creo que en el caso de Xistor Haranburu por ejemplo habrán influido los acercamientos del sur. Los dos espacios se ayudan mutuamente. Es cierto que en Hego Euskal Herria partíamos de un minus porque el nivel de conflicto no ha sido igual. Y también es cierto que las personalidades no son las mismas: por ejemplo, el presidente de la Mancomunidad Vasca, la presidenta navarra y el lehendakari de la CAV no son personas iguales ni hacen las cosas de la misma manera, pero lo importante es que en este momento los tres están actuando para que las cosas se resuelvan de manera integral y en un plazo razonable. El aspecto cualitativo en Iparralde es que la Declaración de Baiona de 2014 fijó una hoja de ruta, y en Hegoalde los consensos sobre víctimas y presos se han ido construyendo paso a paso.