Hace ya tres años que salieron a la calle a protestar. ¿Cómo fueron los comienzos?

Salimos sobre todo porque se percibía un hartazgo entre los pensionistas que venía de varios años de congelación de las pensiones, lo que supuso una importante pérdida en el poder adquisitivo de los pensionistas. Lo que precipitó de alguna manera las primeras movilizaciones fue la carta que mandó la entonces ministra de trabajo Fátima Báñez, indicando que subían un 0,25% las pensiones. Aquella pobre subida fue un agravio para todos nosotros.

Tras eso, el movimiento nació de una forma espontánea y se extendió como la pólvora. Es un movimiento de calle, plural y de carácter asambleario. No tenemos estructuras ejecutivas de ningún tipo.

¿Cuáles son las reivindicaciones principales?

Desde un principio nos planteamos una serie de reivindicaciones para garantizar unas pensiones públicas y dignas: la subida del IPC real a todas las pensiones; establecer una pensión mínima de 1080 euros; que las personas viudas, si no tienen otros ingresos, puedan disponer de la pensión completa de su cónyuge fallecido; y unos empleos y sueldos dignos para garantizar estructuralmente las pensiones de hoy y del futuro. También reivindicamos la derogación de las reformas de pensiones y laborales que se dieron entre 2010 y 2013.

¿Qué valoración hacen de estos tres años?

Hacemos una valoración muy positiva. En estos tres años hemos estado todos los lunes, prácticamente ininterrumpidamente, movilizándonos. Hemos protagonizado trece manifestaciones provinciales en las cuatro provincias, multitud de manifestaciones comarcales y locales, y estuvimos en la huelga del 30 de enero junto a otros colectivos. Esto expresa la consolidación de un movimiento potente.

En los últimos años hemos conseguido pequeñas subidas de las pensiones, que han ayudado a paliar la perdida que veníamos viviendo, pero que sin lugar a duda, no son suficientes.

¿De qué manera les ha afectado la pandemia ?

A consecuencia de la pandemia, estuvimos dos meses sin poder salir a la calle, pero todos los lunes la gente que forma parte del movimiento de pensionistas sacaba a los balcones sus reivindicaciones. En mayo, cuando la situación comenzó a mejorar, volvimos a salir a la calle.

Evidentemente, sí ha afectado a las movilizaciones, pero en este momento, a pesar de la pandemia, todos los lunes salimos entre 5.000 y 5.500 pensionistas, y en las movilizaciones provinciales, más. Tres años después y pese a la pandemia, mantenemos una base movilizada muy fuerte. No hay visos de que vaya a debilitarse.

Durante estos años han tejido alianzas con otros sectores y llegaron a unirse a la huelga del 30 de enero de 2020 convocada por la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria.

Siempre hemos mantenido una absoluta autonomía y soberanía del movimiento de pensionistas con respecto a partidos, sindicatos u otras organizaciones. Asimismo, hemos participado siempre que nos ha sido posible en todas las movilizaciones que hayan tenido contenido reivindicativo en el plano de las pensiones, la salud y vidas dignas.

Cuando convocamos movilizaciones invitamos a todo el mundo. A los sindicatos y organizaciones que están en la Carta de los Derechos Sociales, y a los que no lo están. Los que no están dispuestos a hacer nada, ellos mismos se autoexcluyen.

¿Cómo es la relación con otras plataformas del Estado?

Durante estos últimos años hemos establecido relaciones con plataformas de pensionistas del resto de los pueblos del Estado español. Tenemos la voluntad y la intención de coincidir en determinadas iniciativas con aquellas plataformas de pensionistas de características plurales, unitarias, abiertas y asamblearias y dispuestas a movilizarse. Todo esto sin que nuestros ritmos, nuestra tabla reivindicativa y nuestras iniciativas estén subordinadas a otras.

Hay algunas corrientes que tienen la aspiración de montar una organización a escala estatal muy centralizada y muy determinada. Defienden por encima de todo la caja única central de pensiones y que todo se controle desde Madrid. Nosotros estamos radicalmente en contra de esto, con ese proyecto no podemos ir a ningún lado.

¿Qué esperan del Gobierno español? ¿Y de los de la CAV y Nafarroa? ¿Qué les piden?

Nos guste o no, a día de hoy, todas las decisiones sobre las pensiones dependen de las instituciones de Madrid. Nuestro objetivo es conseguir un sistema público de pensiones vasco, pero a día de hoy nos vemos obligados a confrontar con el Estado español para conseguir lo que queremos.

Pero, aun así, la CAV y Nafarroa tienen capacidad legislativa para fijar un complemento a las pensiones a partir de la RGI a las personas que no llegan a determinadas condiciones. Por eso, una y otra vez les decimos a ambos gobiernos que lo hagan hasta los 1.080 euros.

Han criticado fuertemente las recomendaciones del Pacto de Toledo…

Sí, en esas recomendaciones, las reformas de 2011 y 2013 siguen vigentes y se abre la puerta a nuevas reformas, como penalizar la jubilación anticipada, ampliar los años de cotización para el cálculo de la pensión, aumentar la edad de jubilación, o impulsar planes privados de pensiones incentivados con dinero público.

En este contexto, ¿cómo atisban el futuro? ¿Cómo lo afrontan?

El futuro lo vemos lleno de nubarrones. El marco europeo y estatal en el que estamos y la crisis de todo tipo abierta por la pandemia añaden mayores dificultades para conseguir nuestros objetivos. Tenemos claro que el único modo de conseguir nuestras reivindicaciones es manteniendo la tensión de la movilización y la unidad. Hay que buscar acuerdos plurales sobre la base demandas que respondan a los intereses de la mayoría de la sociedad.