Hemos escuchado las protestas de los hosteleros por los cierres obligados de sus locales, sus denuncias por la escasez y tardanza de las ayudas, la crítica por falta de un plan de choque real para el sector. Pero ayer todas esas palabras estuvieron a punto de convertirse en un hecho «drástico», como lo definió su víctima. Un restaurador, su pareja y sus tres niños estuvieron a punto de ser desahuciados. La «vulnerabilidad» de la familia hizo que los servicios sociales lo aplazaran en el último minuto.

Visto desde fuera, Javier Cabrera es una persona a la que podría calificarse como de cierto éxito social en términos tradicionales. Regenta el restaurante “El Escarmiento” en Gasteiz, con muy buena nota en tripadvisor (4,5 de 5), ha aparecido en ETB con algunas de sus recetas, vive en la calle central de la capital alavesa y, según comunicó ayer él mismo, tiene a sus tres hijos escolarizados en un colegio privado. En pura teoría, un prototipo de lo que se puede denominar clase media.

Y su vida podía haber seguido así, o incluso mejor gracias a sus paellas de muy buen aspecto y otros platos, si no hubiera sido por el covid y los cierres obligados de la hostelería. Pero por ese covid y esos cierres obligados de la hostelería, ayer estuvo a punto de ser desahuciado. Y fue su nueva condición de familia vulnerable con tres criaturas a su cargo, la que aplazó que los echaran de casa, aunque no sea más que hasta el 16 de marzo.

La casa de una jueza

Javier Cabrera y su familia tenían el aviso de desahucio para las 13 horas. SOS Ostalaritza había convocado a los medios y algunos de sus asociados se habían concentrado frente al número 1 de la calle Dato. Y cuando dos portavoces hacían declaraciones a la prensa, el propio restaurador apareció en el portal, cansado por varias noches sin dormir, emocionado por la noticia recién recibida y anunció que un minuto antes de que venciera el plazo le habían llamado desde los servicios sociales para decirle que el desahucio se aplazaba hasta el 16 de marzo.

Cabrera explicó que con lo que habían podido sacar del negocio a pesar de cierres y restricciones, habían conseguido hacer frente a impuestos y otros gastos del negocio, y que habían dejado de pagar cinco meses del alquiler de la casa en la que están viviendo desde hace cuatro años. Según dijo, pensaron que siendo su casera una jueza, comprendería su situación. Pero parece que no ha comprendido nada y ha optado por la «decisión drástica» de desahuciarles.

Cabrera recibió hace algo más de una semana las ayudas del Gobierno y del Ayuntamiento, pero no le llegan para hacer frente a las pérdidas sufridas y mantener a la familia. Buscan una vivienda de protección, un alquiler social o un sitio donde vivir, pero les responden que no hay. La familia tiene un respiro hasta el 16 de marzo, cuando seguirán siendo «vulnerables», como lo eran ayer.