Los tres eurodiputados catalanes amenazados con ser privados de su inmunidad, entre ellos el president Carles Puigdemont, denunciaron ayer el carácter político del proceso que se lleva a cabo contra ellos en el Parlamento Europeo.

El levantamiento de su inmunidad fue aprobado el martes por la Comisión de Asuntos Jurídicos por 15 votos contra 8 y dos abstenciones, sobre un informe redactado por el eurodiputado ultraderechista búlgaro Alfred Dzhambazki. La decisión de la Comisión se someterá a la sesión plenaria del 8 de marzo.

«Esta votación fue tan previsible como lamentable», criticó Puigdemont, denunciando la presión ejercida por los eurodiputados españoles de Ciudadanos, Vox y PP sobre los parlamentarios europeos electos. Durante una rueda de prensa junto a Clara Ponsatí y Toni Comín, indicó que esas presiones demuestran que la votación fue una etapa más de su persecución política e ironizó sobre la derrota de su causa al señalar que «cuando me detuvieron en Alemania, las celebraciones fueron las mismas. Y aquello debía ser el final; queremos muchas más de estas derrotas».

El president en el exilio subrayó que «nunca han dado ninguna batalla por perdida», aunque son conscientes de la dificultad de lograr el apoyo del pleno porque «saben sumar y restar».

Pese a que el voto es secreto y no hay forma de asegurar la disciplina de grupo, los grupos parlamentarios mayoritarios (en los que se enmarcan el PP, PSOE, Ciudadanos y Vox) anunciaron su apoyo al levantamiento de la inmunidad. «Aunque aparentemente los números son los que son, no vamos a regalar nada a nadie», insistió Puigdemont, quien adelantó su intención de acudir a otras instancias, como el Tribunal de la Unión Europea, para reclamar medidas cautelares si les retiran la inmunidad.

El president señaló que el objetivo de que los tres eurodiputados elegidos en 2019 vayan a la cárcel lo comparten «desde el PSOE hasta Vox, sin fisuras», y advirtió de que esta «presión contra la disidencia política» se trasladará ahora al pleno, que debe decidir si acaba levantando definitivamente su inmunidad.

A su juicio, si acepta esta presión, las instituciones europeas marcarán un precedente muy negativo para la representación política de la disidencia y las minorías nacionales, que deberían garantizar y proteger.

A su vez, Toni Comín denunció «la presión descomunal» que los eurodiputados españoles así como «la excesiva representación que los partidos españoles tienen en este comité».

Ponsatí coincidió en lo difícil que resulta cambiar la situación en el pleno, a pesar de la «regresión democrática» que implica aprobar el suplicatorio.

El juez avala el tercer grado a los presos de Lledoners

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Catalunya acordó mantener, por ahora, el régimen de semilibertad al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva y a los Jordis, hasta que resuelva el recurso presentado por la Fiscalía. En la línea de lo que decidió el Juzgado del que dependen la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, el magistrado rechazó la petición de la Fiscalía para que se suspenda el tercer grado a los presos en la cárcel de Lledoners. Previsiblemente se adoptará la misma decisión con el exconseller Joaquim Forn. De esa forma, los líderes independentistas seguirán en semilibertad –lo que les permite salir a diario de la cárcel y regresar solo a dormir, de lunes a jueves– a la espera de que los juzgados de vigilancia respectivos resuelvan sobre el fondo de los recursos de la Fiscalía. El juez suplente se desmarca así de la titular, que el pasado julio suspendió el tercer grado a la espera de que el Supremo se pronunciara.GARA