El próximo año se cumplirán tres décadas desde el último caso de tortura que ha llegado a ser condenado por el Estado español. Fueron los tormentos a Kepa Urra, ocurridos en 1992. ¿Acaso acabó entonces esta lacra? Evidentemente no. El informe del Instituto Vasco de Criminología liderado por Paco Etxeberria y avalado por el Gobierno de Lakua refiere a partir de ese año nada menos que 1.424 casos más, es decir, un tercio del total censado desde 1960. Lo que ocurrió es que se impuso la llamada «tortura blanca», destinada a evitar a toda costa señales y basada en métodos sicológicos aunque sin excluir los tormentos físicos. Por resumirlo gráfica y dramáticamente, se pasó de la bañera a la bolsa, como muestra el cuadro de la página derecha.

Sobre este giro arroja luz ahora la conversación difundida entre el agente de Intxaurrondo Pedro Gómez Nieto y el entonces jefe operativo del Cesid, Juan Alberto Perote, probablemente en 1986, dado que se refieren en pasado cercano a la muerte de Mikel Zabala, producida en noviembre de 1985. En ella Gómez Nieto expone su preocupación por las pruebas dejadas por el caso: «Mi impresión es que en el interrogatorio, posiblemente fuera una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza, esa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos, es decir, estar interrogándole habiendo en la habitación de al lado familiares… »

El recorrido posterior de la tortura en el Estado español viene a confirmar que aquel hecho marcó un antes y un después. Y es que desde entonces hasta la fecha, y ya son más de 35 años, solo en dos casos ha habido condenados por «errores» como los que apuntaba Gómez Nieto: el de Bixente Malaxetxeberria, torturado por la Policía española en 1986 (apenas un año después), y el de Kepa Urra, víctima de la Guardia Civil en 1992, en la fase final del Ejecutivo de Felipe González. Dicho de otro modo, ni los Gobiernos de José María Aznar ni los de José Luis Rodríguez Zapatero ni los de Mariano Rajoy han tenido una sola condena por esta lacra en sus tribunales. Otra cosa es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les haya castigado reiteradamente por no investigar.

Este blindaje contrasta con dieciocho condenas anteriores, todas entre 1979 y 1984. Son muy pocas también en relación al total de casos (ni un 0,5% en relación a los datos globales del estudio de Lakua), pero reflejan que hasta Mikel Zabalza la tortura tenía un modo de ejecución algo más permeable a las investigaciones judiciales las escasas veces en que se producían.

Así, dos policías españoles fueron castigados por torturar en 1979 a Xabier Onaindia. Del año 1980 hay tres condenas, todas a la Guardia Civil, con nueve víctimas. Otra de 1981 (aunque irrisoria) atañe a la muerte de Joxe Arregi; el único caso mortal que conllevó algún tipo de condena. Hay dos sentencias más por tormentos ese año, cuatro de 1982, otras cuatro de 1983 y tres de 1984. Después, ya solo Malaxetxeberria y Urra.

El volumen total, hay que insistir en ello, resulta ridículo: 20 condenas para 5.657 casos, según el recuento al que ha llegado ya la Fundación Euskal Memoria, y apenas 31 víctimas aceptadas judicialmente sobre cerca de 5.000 identificadas. Sin olvidar que muchos de estos condenados han sido indultados e incluso ascendidos y condecorados posteriormente.

La «sensación de muerte»

¿Qué pasó tras Zabalza? Volvamos al informe del IVAC, porque lo detallaba hace ya cuatro años: «A medida que avanzan los años o teniendo en cuenta las contingencias de la época, las formas de maltrato o tortura descritas en las denuncias han ido modificándose y, por lo que sugieren los datos, adaptándose a los nuevos contextos. De este modo, mientras las palizas se mantienen a lo largo del tiempo con una frecuencia de uso similar y sin diferencias estadísticamente significativas, los empujones y los tirones de pelo se elevan en el periodo democrático, con picos en su uso tanto en la década de los 80 como en los casos referidos a la última fase posterior al año 2000. Contrastando estos datos con los datos cualitativos se confirma un cambio cualitativo y una preocupación creciente que emerge en el relato de las denuncias por dejar menos señales físicas como hematomas».

«Igualmente, la denuncia de la obligación a mantener posturas forzadas y extenuantes (conocida como tortura por posición) crece en los casos sucedidos después del año 2000, tanto en los casos de plantón, flexiones, posiciones anómalas o el recurso a extenuaciones físicas», constató el equipo de Etxeberria.

«La aplicación de electricidad, si bien fue referida como una técnica más utilizada en las décadas de los 80 y 90, es significativamente menor su uso en la década de los 70 y en los casos de la última etapa», señala sobre una de las prácticas más brutales. Y en cuanto a las «maniobras de asfixia», detalla: «Si la bañera fue significativamente más utilizada entre los años 60 y 80, la práctica de la bolsa emerge con más saliencia en los años 90 y los casos posteriores al año 2000. Se trataría de una forma de tortura que deja pocas marcas, pero genera una gran angustia vital y sensación de muerte».

Esto también lo explicó Gómez Nieto a Perote, en su tétrico alegato en favor de las bolsas transparentes.

 

Ageriko zantzuak ere, alferrekoak: Portu, Romano, Sorzabal...

Azken 35 urteotan «tortura zuria» nagusitu bada ere, atxilotuen gorputzetan tratu txarren zantzuak nabariak izan diren kasuetan ere ez da zigorrik izan. Atxiloketa osteko argazkiak ikusita gezurra dirudien arren, Unai Romano, Iratxe Sorzabal edota Juan Carlos Subijanaren kasuan ez da kondena epairik eman; bai Igor Porturenean, baina Giza Eskubideen Europako Auzitegiak eman zuen, ez Madrilgo auzitegiek. Azken kasu horrek salbuespena markatzen du orain arte, lehenbizikoz Estrasburgok ez zuelako Espainia tortura ez ikertzeagatik zigortu, tratu txarrak eragiteagatik baizik. 2008an atxilotu zutenean, Portuk tratu «gizagabea eta umiliagarria» jasan zuela ontzat eman zuen Estrasburgok 2018ko epaian.

Jakina denez, erietxean egon zen Portu, oso egoera larrian: birika zulatuta zuen, saihets bat apurtuta, begi batean odol isuria, gorputz osoan ubeldurak... Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak lau guardia zibil zigortu zituen, baina gerora Auzitegi Gorenak errugabetzat jo zituen.

Mende honetako kasu adierazgarriena Unai Romanorena izan daiteke, 2001eko atxiloketaren ostean aurpegia guztiz desitxuratuta zuela heldu baitzen espetxera (hau da bere lekukotasuna, GARAk jasoa). Bere burua ate baten kontra kolpatu zuela esan zuen Guardia Zibilak eta auzitegi espainiarrek ontzat jo zuten bertsio hori. Sarekada berean Juan Carlos Subijanari buruan zauri larria eragin zion Guardia Zibilak. Argazkiak argigarriak baziren ere, salaketak ez zuen aurrera egin. 2009an, bien irudiak Auzitegi Nazionalean erakutsi zituzten operazioan atxilotutakoek.

Azkenik, bizi-bizirik dago oraindik, baina ez espainiar auzitegietan, Iratxe Sorzabalen kasua. Pasa den abenduan bere kontrako euroaginduari ezetz esan zioten frantziar epaileek, Fiskaltzak sinesgarritzat jo ondoren 2001ean torturatua izan zela.

Gorputzean zituen markak ageri-agerikoak ziren kasu honetan ere, elektrodoak jarri izanaren ondorio. 2001. urtean gertatu zen, berriro ere Guardia Zibilaren eskuetan; erredurak zituen Sorzabalek gerrian eta bizkarrean. Baina kasu honetan ere ez ikusiarena egin zuten espainiar epaileek, beste behin ere.

Bien bitartean, dozena pasatxo dira Estrasburgoko Auzitegiak tortura ez ikertzeagatik Estatu espainolari ezarritako zigorrak. Eta horietatik zazpi egun Barne ministro eta lehen Auzitegi Nazionaleko epaile zen Fernando Grande-Marlaskaren atxilotze aginduei dagozkie.R.S.