La presa Marixol Iparragirre ha sido absuelta de haber participado en un atentado frustrado de ETA contra un dispositivo policial en la zona deportiva de Mendizorrotza, en Gasteiz, en mayo de 1985, al poner en duda el tribunal un informe policial que afirmó que había huellas de la acusada en el coche bomba empleado para llevar a cabo aquella acción.

No es la primera absolución de Iparragirre en el tribunal especial español tras ser entregada por las autoridades galas, ya que también resultó exculpada de la acusación en el caso de un atentado en Oviedo porque fue considerado «cosa ya juzgada» en el Estado francés.

No obstante, en otras causas de esta cadena de juicios a las que se enfrenta, Iparragirre está siendo condenada por la Audiencia Nacional y en uno de ellos ya de modo firme.

En las vistas judiciales está aprovechando sus turnos de palabra para demandar una resolución justa y dialogada del conflicto que afecta a Euskal Herria, así como para denunciar la práctica de la tortura y la inexistencia de investigación. Así lo hizo también en este juicio.

«Sin noticia alguna hasta 2019»

En la nueva sentencia, fechada el 29 de marzo y a la que tuvo acceso la agencia Efe, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española argumenta que adopta su decisión ante la contradicción de lo declarado por los peritos que elaboraron el atestado en 1985, que solo encontraron la huella dactilar de una persona, con las afirmaciones que se hicieron acerca de otro informe del que la «autoridad judicial no ha tenido noticia alguna hasta 2019» y en el que se aseguraba que aparecieron huellas dactilares de la acusada en dicho vehículo.

Entre la fecha de los hechos y ese informe policial habían pasado, por lo tanto, 34 años.

«La falta de aportación de datos suficientes de dicha contradicción, así como tampoco la aportación de las fotografías de las huellas que se utilizaron en el informe de 2019 ni cualquier otro elemento concluyente, crea una duda racional que no puede devenir en perjuicio de la procesada», señala la sentencia.

La Fiscalía pedía para Iparragirre 488 años de cárcel: 23 años por cada uno de los veinte «delitos de asesinato frustrado» – eran 20 los policías del dispositivo de vigilancia en Mendizorrotza–, otros 23 por «delito de atentado a agentes de la autoridad» y 5 más por «estragos».