La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobó ayer con competencia legislativa plena el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria. La ley incluye una nueva redacción del artículo 8 que recoge que «no se admitirá a trámite la solicitud de concesión de autorización de explotación que no hubiere sido iniciada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley».

Esto supone un nuevo impedimento para la explotación del pozo Armentia II, en Subilla (Gasteiz). Significa que si el Gobierno de Lakua ganara el recurso presentado contra la prohibición del Ayuntamiento de Gasteiz y consiguiera en los tribunales la posibilidad explorar en ese lugar protegido, después no podría explotar el gas que pudiera encontrar.

Durante el debate de la ley en la comisión del Congreso, el PNV presentó una enmienda que pretendía evitar esta prohibición, pero no consiguió la mayoría necesaria. Finalmente se abstuvo en la votación, «lamentando» la «ausencia de diálogo, escucha y consenso en una norma que implica tantos desafíos». Por ello, los jeltzales calificaron esta ley como «una Ley del Gobierno».

Objetivos y posiciones

La ley contempla dos fechas clave. La primera, 2030, cuando el Estado español deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año); y la siguiente, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática.

Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables que resulte compatible con el cuidado del patrimonio natural.

La ley contó con el apoyo de PSOE, UP, ERC, Cs, PNV, EH Bildu y Teruel Existe; PP y Más País se abstuvieron, y Vox fue el único que votó en contra.

Desde los partidos gubernamentales, Juantxo Pérez Uralde, presidente de la Comisión, habló de «una buena ley» que acaba con «una estrategia de negacionismo» padecida en el Estado durante años y aseguró que la norma que sale del Congreso «es mejor que la que llegó del Consejo de Ministros».

El portavoz de EH Bildu en la comisión, Oskar Matute, aseguró que «es necesario dar un cambio de timón urgente frente a la emergencia climática» y al «turbocapitalismo» que está «esquilmando el planeta y deteriorando la vida en él». Anunció su voto a favor mostrando la esperanza de que «las carencias sean mejoradas con normativas adicionales. Pese a que es mejor que nada, puede ser insuficiente ante este reto».

Entre los críticos que consideran insuficiente la ley se encuentra Más País, que incidió en la enorme «falta de ambición climática» de la futura ley que debería sumar una enorme mayoría.

En el mismo sentido, Greenpeace criticó que se aprobara una ley de cambio climático descafeinada y se haya perdido una oportunidad clave para abordar con ambición la emergencia climática. Sostiene que los objetivos son «insuficientes», aunque el proyecto «ha mejorado en el Congreso».