El Gobierno de Japón verterá al Pacífico más de un millón de toneladas del agua contaminada que se almacena en la accidentada central nuclear de Fukushima. Un proceso que comenzará dentro de dos años y se prologará durante décadas.

Esta controvertida medida intenta resolver la acumulación de agua radiactiva en las instalaciones nucleares de Daiichi, uno de los problemas más acuciantes dentro del complejo proceso de desmantelamiento de la planta que resultó dañada por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011.

El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, calificó la medida de «inevitable» para el desmantelamiento de la central, así como la opción «más realista» entre las disponibles.

Sin embargo, la decisión ha suscitado el enfado de los Estados más cercanos, como China, que advirtió de que Tokio ha tomado la decisión de verter el agua al mar «sin una consulta completa con los países vecinos y la comunidad internacional y sin haber agotado los métodos seguros de desecho».

«El océano es una propiedad compartida de la humanidad. El vertido de agua residual nuclear de la central de Fukushima no es solo un asunto nacional de Japón», manifestó Pekín.

En el mismo sentido, Corea del Sur lamentó «profundamente» la decisión del Ejecutivo nipón y exigirá «medidas específicas por parte de Japón para certificar la seguridad de nuestra población y prevenir daños al medio marino».

Seúl, que sigue prohibiendo la importación de productos pesqueros desde Japón, ha amenazado con un aumento de estas restricciones tras el vertido y sus autoridades convocaron al embajador japonés en el país para protestar.

Las autoridades niponas eligieron el vertido a principios del año pasado, después de descartar otras opciones como evaporarla o inyectarla en depósitos en el subsuelo, debido a su complejidad técnica y a su elevado coste.

Pero la decisión final se había retrasado debido a la oposición del Gobierno de Fukushima y de las asociaciones de pescadores locales, que temen que el vertido perjudicará aún más sus actividades económicas. Greenpeace también rechazó la decisión y subrayó que «vulnera los derechos humanos y los intereses de la población de Fukushima, Japón y otros países de la región de Asia-Pacífico».

Las instalaciones de Fukushima Daiichi cuentan con un sistema de procesamiento del agua que elimina la mayoría de los materiales radiactivos considerados peligrosos, con excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza aunque en baja concentración.

Los vertidos de este tipo son una práctica habitual en la industria de la energía atómica. EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Estado francés, China y Corea del Sur los han realizado, en ocasiones con concentraciones de tritio mayores que las previstas en Fukushima.

EEUU defendió que Tokio ha sido «transparente» en todo momento y ha adoptado medidas «aparentemente acordes a los estándares de seguridad en materia nuclear a nivel global».