El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua ha comunicado al Parlamento de Gasteiz que lleva gastados 16,2 millones de euros por la catástrofe del vertedero de Zaldibar del 6 de febrero de 2020. De este montante, 15,6 millones corresponden al año pasado y 567.916,75 euros, al presente.

El 87,6% de todo este dinero, 14,18 millones de euros, ha sido destinado a la contratación de la Unión Temporal de Empresas Eitzaga, creada para la ocasión y liderada por Construcciones Moyua y su filial Bycam. Ha sido la encargada del mayor volumen de trabajos, como las obras de excavación, explanación, trabajos de infraestructura para el acceso y la ampliación de zonas de vertido para el movimiento de tierras.

El 6 de febrero de 2020 se produjo el derrumbe del vertedero que la empresa Verter Recycling había construido en Zaldibar, enterrando a los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. El cuerpo de Sololuze apareció en agosto, pero el de Beltrán aún no ha sido rescatado. Los trabajos técnicos de búsqueda de ambos no estarían cuantificados en estos gastos, puesto que corren a cargo del Departamento de Seguridad y no del de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La catástrofe movió casi un millón de metros cúbicos de tierras y desechos, parte de las cuales invadieron la autopista entre Ermua y Eibar durante varios días. Además, el mismo día del derrumbe se supo que entre los vertidos había amianto, por lo que los trabajos fueron paralizados para retomarlos con las necesarias medidas de seguridad. Además, se generaron incendios internos en el vertedero que produjeron gases nocivos para la población de la zona.

Informes oficiales remitidos al Juzgado de Instrucción Número 1 de Durango sostienen que la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, conocía que el terreno en el que se asentaba estaba en «riesgo inminente» de derrumbe y no tomó medidas.

Otras fuentes apuntan a que podía haber también responsabilidades en el Ejecutivo autonómico, por no haber cumplido con todas sus obligaciones legales de inspección y vigilancia.

Deberá pagar la empresa

El Gobierno de Lakua siempre ha mantenido que asumió los trabajos de forma urgente y subsidiaria y que luego se lo va cobrando a la firma propietaria, Verter Recycling. En su momento, el consejero Iñaki Arriola aseguró que la empresa había manifestado la voluntad de hacerse cargo de dichos costes.

Sin embargo, con el paso de los meses, las posiciones de ambas partes han chocado en más de una ocasión. Si finalmente el Gobierno acaba cerrando el vertedero, como afirmó la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, quizá se podría entrar en un juego de búsqueda de compensaciones.

Además de la UTE Eitzaga, el Gobierno ha contado con la firma Lurgintza Ingeniería Geológica, encargada del diseño del control de aguas subterráneas, del control de la impermeabilización y del proyecto del depósito de Seguridad. Stortgas BV fue la responsable de la redacción del informe inicial del estado de la masa de residuos y la generación de fluidos.

Iragaz Watin y Sercontrol hicieron el control de gases en la zona de Eibar, Ermua, Zaldibar, Mallabia y Elgeta. La primera realizó también otras labores de construcción de balsa, obturación de colectores con salida a río y aspiración de lixiviados.

También se han contratado trabajos técnicos, entre ellos un informe que se destacó que había avalado la labor del Departamento de Iñaki Arriola. En realidad, el «informe experto» encargado a Ricardo Energy & Environment recoge que Lakua cumplió con los mínimos legales en vigor, pero recomienda hacer visitas más frecuentes al lugar, hacer al menos un examen detallado al año de los informes remitidos por Verter Recycling y tener más en cuenta las infracciones de un operador aunque sea en otro lugar. Costó 14.500 euros.