Representantes vascos –y también algunos bearneses– cerraron ayer filas, en Baiona, a la hora de mostrar su «enfado e incomprensión» ante el recurso presentado, la víspera, por 61 diputados galos que cuestionan la llamada Ley Molac, destinada a fomentar las lenguas minorizadas en el servicio público.

Electos vascos en París, en la Región de Nueva Aquitania y en el Departamento de Pirineos Atlánticos secundaron la comparecencia presidida por el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray.

El vicepresidente de la institución de Ipar Euskal Herria a cargo de la política lingüística, Antton Currutcharry, fue el primero en tomar la palabra al inicio de la comparecencia de urgencia, y lo hizo precisamente para dar cuenta de la voluntad de los presentes de «dar una respuesta rápida y a una sola voz» a ese recurso.

Tras él intervinieron cuatro electos en París, a los que se unió, desde la distancia, un quinto, el bearnés Jean Lassalle, que secundó la moción adoptada en Baiona, aunque no pudo acudir al acto.

El senador conservador biarriztarra Max Brisson se declaró «conmocionado» por el paso dado por ese grupo de electos de la mayoría gubernamental en París cara a «romper la labor de consenso realizada» y oponer recurso ante el Consejo Constitucional «atacando un texto absolutamente razonable».

La senadora socialista Frédérique Espagnac redundó en el trabajo llevado a cabo desde hace años para poner precisamente en valor el camino recorrido «entre todos» hasta dotar a las lenguas minorizadas de un cuadro legal. Como Brisson, la senadora bearnesa tachó de «inaceptable» el ataque a un «profundo trabajo de consenso».

Decepción entre macronistas

El diputado vasco adscrito a la mayoría macronista, el kanboarra Vincet Bru, lamentaba, a su vez, el paso dado por sus compañeros de filas contra una ley que, recordó, fue aprobada el pasado 8 de abril en la Asamblea Nacional gala por 247 votos a favor, 76 en contra y 19 abstenciones. Muy activo en la sesión en la que se aprobó el texto, Bru se declaraba ayer «decepcionado» por el paso dado por «61 diputados, la mayoría de La République en Marche, con Aurore Bergé (diputada parisina de LREM) a la cabeza».

En el mismo sentido se expresaba otra diputada del mismo color político, la angeluarra Florence Lasserre, durante la comparecencia a la que, además de Jean Lassalle, trasladó su apoyo el presidente departamental Jean-Jacques Lasserre.

Como Antton Currutcharry, la vicepresidenta de la OPLB y consejera departamental Bénédicte Luberriaga se sumó a la defensa de una ley que da estabilidad al desarrollo del euskara, en particular en el sistema educativo, «porque estamos cansados, muy cansados –enfatizaba el primero– de hacer frente permanentemente a obstáculos que nos impiden avanzar».

El consejero regional baionarra, Mathieu Bergé, se centraba en destacar el amplio consenso de que goza la demanda de ese marco garantista para la lengua vasca en el seno de la sociedad de Ipar Euskal Herria.

«Necesitamos de esa ley para seguir avanzando en el sistema público inmersivo», aseveraba, para apelar a «que se acabe de una vez con los fantasmas sobre el sistema inmersivo, porque ese modelo nos permite formar niñas y niños políglotas».

Recordó que hay tres nuevas demandas sobre la mesa para que otras tantas escuelas pasen al inmersivo el próximo curso.

Finalmente, el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, calificaba de «fracaso político» la presentación de ese recurso y elevaba el nivel de las responsabilidades políticas al afirmar que el presidente galo, Emmanuel Macron, podía haber firmado la ley desde su aprobación, sin apurar el plazo legal, lo que ha dado tiempo a presentar el recurso.

Etchegaray situaba de inmediato la cuestión en el marco territorial. «No me inquieta tanto la decisión del Tribunal Constitucional, en cuya sabiduría quiero confiar, como que esto sirva para poner en duda ese edificio vulnerable que es la construcción territorial», advertía. Dirigiéndose a los electos Etchegaray añadió: «somos garantes del interés territorial y vamos a estar a vuestro lado para hacer frente a este golpe».

Respaldo social

Los comparecientes en Baiona avalaron con su firma una moción en la que expresan su «enfado e incomprensión» ante el recurso, y remarcan el consenso recabado por «una ley que constituye para nosotros una esperanza». Tras destacar que su contenido es objeto de «amplio consenso institucional y social» en el país, afirman su disposición a «poner todos los medios para resolver una situación alarmante para nuestro territorio». «Las lenguas nos unen y esta comparecencia es una muestra de ello», declaraba, en la despedida, Antton Currutcharry.