El estado de alarma terminará este fin de semana y la posibilidad de que el Consejo de Ministros declare otro por 15 días más a última hora se ha desvanecido. Ayer, la ministra Carmen Calvo insistió en que las comunidades tienen capacidad suficiente como para mantener las medidas más importantes y que no hace falta alargar más las situación de excepción. Poco se sabe de cómo será ese día después para el que Iñigo Urkullu trabaja en un nuevo decreto. El lehendakari había mantenido ocultas las claves de este decreto que tiene previsto promulgar el viernes, sin embargo, el presidente cántabro desveló una de las claves: la CAV seguirá confinada mientras que Cantabria, que ha controlado mejor la epidemia, abrirá sus fronteras.

La desaparición del estado de alarma retrotraerá a Hego Euskal Herria a una situación donde la autoridad de los gobiernos autonómicos para implementar medidas de restricción choca con los dispares criterios de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Antes del estado de alarma, los tribunales emitieron fallos de forma errática y lo que en un territorio valía, en otro, no. Dicho de otro modo, se vuelve a una fase donde no está claro qué se puede legislar.

Mantener el confinamiento perimetral, como es la intención que Urkullu transmitió a Revilla, es una de las cosas que parece claro que pueden mantenerse. O, al menos, los gobiernos de Nafarroa o de Aragón ya decidieron cerrar sus fronteras antes del estado de alarma, sin que esto abriera discusión jurídica.

Por contra, una de las principales medidas frente a la epidemia cuya continuidad está en entredicho es el toque de queda. En octubre pasado, el debate jurídico parecía pivotar entre si se podía decretar un toque de queda con un estado de alarma o si habría que subir un peldaño más y promulgar un estado de excepción, donde la capacidad de las autoridades públicas para recortar derechos fundamentales es aún mayor.

No había apenas precedentes sobre algo así, puesto que el toque de queda, como tal, es una figura que proviene del ámbito militar. De hecho, el anterior lo lanzó el general Milans del Bosch durante el 23F.

La ministra Carmen Calvo explicó que un nuevo decreto del Gobierno español permitirá a las autonomías recurrir eventuales conflictos jurídicos ante el Supremo, un mecanismo que acabaría armonizando esta alocada jurisprudencia. Con el mecanismo que ha ideado Moncloa, el Supremo tendrá tan solo cinco días para resolver sobre las discrepancias que surjan.

«Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes con garantía constitucional y con una nueva capacidad de protección que es la que nos ofrece el Supremo», afirmó ayer la ministra Calvo.

Uno de los episodios de conflicto entre gobierno autonómico y tribunales que toda la prensa del Estado español destacaba ayer es, precisamente, la decisión del Tribunal Superior del País Vasco de negarle a Urkullu la potestad de clausurar la hostelería. Esta sentencia no fue recurrida en su momento por Lakua, lo que ahora le puede acarrear ciertos problemas en caso de que precise hacerlo.

Otro de los límites de la legislación ordinaria que asomó antes de la promulgación del estado de alarma está en la limitación de los encuentros en los domicilios. En su día, Nafarroa intentó restringir estos encuentros a una única unidad convivencial, pero el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa le indicó que no podía hacerlo, por lo que acabó limitando los encuentros en la calle a seis personas y dejando las prohibiciones en viviendas en una mera «recomendación». Posteriormente, cuando se implementó el estado de alarma, las reuniones en domicilios se regularon sin mayor problema (como sucedió en Semana Santa y las Navidades).

Un debate profundo

La deriva tomará el Supremo validando o no las medidas que quieran imponer los presidentes de las autonomías y la Comunidad Foral no es fácil de predecir. El catedrático de Derecho de la EHU-UPV, Iñaki Lasagabaster, explicó ayer a GARA que el fondo del asunto resulta complejo jurídicamente.

En opinión del experto, no hay duda de que en cuestiones sanitarias las autonomías tienen capacidad de legislar, pues la competencia sanitaria es suya. Y si la medida está lo suficientemente bien argumentada, ponerle un límite resulta difícil. «Imagina un escape de gas tóxico en un pueblo. Evidentemente que el alcalde puede confinar y prohibirte salir de casa sin tener que esperar a estado de alarma alguno», expone este experto.

Lasagabaster sostiene que las medidas de contención son «instrumentos sanitarios» y que no es preciso el estado de alarma para adoptarlos. Depende que las decisiones estén bien justificadas. En una falta de justificación adecuada fue donde resbaló Lakua cuando intentó cerrar los bares, de ahí que se le denegara la potestad incluso con estado de alarma. Por tanto, si Urkullu necesita seguir cerrando la CAV por tener la incidencia más alta del Estado, tendrá que justificar bien por qué lo hace a los jueces españoles. Y también, a la ciudadanía