La que fuera alcaldesa de Lasarte-Oria por el PSE durante 25 años (hasta 2010), Ana Urchueguía, volverá a tener que responder en los tribunales por la gestión de ayudas a la cooperación en Somoto (Nicaragua). El caso fue sobreseído en febrero del año pasado por el tribunal de instrucción, argumentando sobre todo la falta de colaboración judicial del país centroamericano, pero la Audiencia de Gipuzkoa ha ordenado reabrirlo.

Ha sido a instancias de la acción popular impulsada en 2016 por quien fue su sucesor en la Alcaldía en 2011, Pablo Barrio (EH Bildu). Y que está representada por el abogado Miguel Castells, que en esa legislatura 2011-15 había defendido los intereses del Ayuntamiento. Entre medio, en 2015 la Alcaldía pasó a manos del PSE, concretamente de Jesús Zeballos, con que lo cambió el enfoque del Ayuntamiento sobre el asunto, lo que derivó en un conflicto con el letrado en el que el Colegio de Abogados amparó a Castells.

El Ayuntamiento de Lasarte-Oria, que ahora lidera Agustín Valdivia (PSE), también había recurrido contra el cierre del caso junto a la acción popular, pero con menos argumentaciones.

Para refrescar el asunto, hay que recordar que la querella fue presentada por el Consistorio en 2014, ocho años después de que vecinos de Somoto dieran la voz de alarma sobre la gestión de esos fondos (dos millones de euros en total). Para entonces Urchueguía ya había sido investigada por Fiscalía y Hacienda y había tenido que dar explicaciones en el Parlamento de Gasteiz.

La causa judicial se atiene no obstante a las irregularidades aparecidas en la gestión de los fondos. En este auto de reapertura, la Audiencia de Gipuzkoa da por buenos indicios como la falta de personalidad jurídica de la Oficina de Hermanamiento Lasarte-Oria Somoto (OHLOS). También destaca que la entonces alcaldesa facultó a los empleados de esta oficina abrir cuentas a las que se remitían los fondos. Y que no hubo un control de los mismos, puesto que Urchueguía se había arrogado la gestión personal del asunto, que ejecutó vía decretos.

Con ello el tribunal superior enmienda al de instrucción y da la razón al recurso de la acción popular impulsada por Pablo Barrio. En el mismo se destaca que OHLOS no podía recibir subvenciones de este tipo porque no era una agrupación facultada para ello sino «una oficina con personas asalariadas»; se detallan «graves incumplimientos en la función de verificación y justificación que [Urchueguía] había asumido en exclusiva; se destaca la compra de un inmueble en Somoto «sin resolución municipal alguna»; y se concluye que fondos municipales fueron derivados a «fines privados».