El Banco de España destaca en su informe anual de 2020 la «elevada desigualdad» que existe en las indemnizaciones por despido entre los contratos temporales y los indefinidos, un problema que, a su juicio, se mitigaría si se reformara el coste del despido y se implantara un fondo individual «asimilable al denominado ‘fondo austríaco'». Pero ¿qué es exactamente? Consiste en eliminar o reducir la indemnización por despido y sustituirla por una aportación desde la empresa –el Banco de España habla de seis días por año trabajado– a una cuenta a nombre del trabajador, que puede disponer de esas cantidades en caso de despido, de traslado o de jubilación.

Lo que no es más que un fondo de capitalización recibe el nombre mochila porque el trabajador no pierde ese dinero si cambia de puesto de trabajo, sino que lo mantiene la cuenta. Lo de austriaca viene porque el modelo se implantó en este país europeo con una cuantía mensual del 1,53% del salario.

Despido a coste cero

Austria –que mantiene una tasa de paro inferior al 6% desde hace más de una década y un salario medio de 35.000 euros– puso en marcha en 2003 una reforma laboral que incluía este fondo para cada trabajador porque no existían las indemnizaciones por despido, de forma que cada empresa aportaba una cuantía del salario bruto de sus empleados a sus respectivos fondos.

La cuantía de la mochila es invertida por una entidad financiera en búsqueda de un rendimiento, con la garantía del Estado, y permite a las empresas despedir a coste cero al trabajador, quien puede entonces hacer uso del capital acumulado en ella, aunque también se puede utilizar como complemento a la pensión pública de jubilación. Estas entidades privadas invierten la cantidad acumulada en el mercado de capitales y cobran comisiones de administración y gestión de los fondos, de donde proviene su lucro.

De la mano del PSOE

La mochila austriaca apareció por primera vez en la reforma laboral de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que nunca concretó cómo sería y decidió posponer su puesta en marcha después de que un informe de una comisión de expertos concluyera que aplicarlo podría costar el equivalente al 1% del PIB de entonces, unos 10.000 millones de euros.

El PP incluyó la mochila austríaca en su programa electoral para las estatales de 2011, aunque nunca tomó ninguna medida al respecto, hasta que en 2017 apoyó una iniciativa en el Congreso del PDeCAT para su puesta en marcha antes de 2020, iniciativa que tampoco tuvo un desarrollo posterior.

El Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó en su hoja de ruta de reformas estructurales al volver al debate público en las sucesivas negociaciones de investidura de Cs tras las elecciones generales del 2015 y el 2016.

En 2019, la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, encargó a la OCDE la elaboración de un estudio sobre su implantación en el Estado español. Una iniciativa muy criticada por parte de Unidas Podemos al considerar que supondría la implantación del despido gratuito. A partir de ahí, desapareció de la agenda una vez conformada la coalición PSOE-UP.

Ahora es el Banco de España el que ha vuelto a poner sobre la mesa esta medida. A su juicio, la principal ventaja es que todos los trabajadores acabarían recibiendo ese importe de la mochila, lo que les animaría a cambiar de puesto de trabajo.

Al mismo tiempo, señala que las empresas podrían basar sus decisiones de despidos en la productividad del trabajador y no tanto en el coste de su salida, a la vez que aliviaría «posibles tensiones de liquidez» ya que tendría que hacer aportaciones periódicas al fondo. Así, este sistema contribuiría a reducir sustancialmente la dualidad entre fijos y temporales, destaca. No obstante, este fondo facilitaría los despidos puesto que, al realizarse las aportaciones gradualmente, no existen cuantiosos desembolsos en el momento de su materialización.

De hecho, las simulaciones realizadas en su informe asumen una reducción del 50% de los costes actuales, pero manteniendo los derechos de indemnización que los trabajadores hubieran acumulado antes de la reforma, lo que trae un sobrecoste para su implantación en cuatro años de 9.000 millones.

Financiación

Para cubrir esa brecha propone que el Estado financie de forma decreciente durante cinco años las contribuciones empresariales: cinco días por año trabajado el primer año, cuatro días el segundo año, tres días el tercer año, dos días el cuarto año y 1 día el quinto año, con un coste total de 8.660 millones, que el Banco de España sugiere que sean pagados con los recursos del programa 'Next Generation EU'.

«Un uso de los fondos de este programa europeo para este fin estaría en línea con las condiciones establecidas en el reglamento de la Comisión, que indica que las reformas financiables con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental», apunta la institución, que recuerda que en dicho reglamento se citan expresamente las reformas en el sistema de pensiones o en el mercado de trabajo.

Ahora bien, la institución recuerda que estos cálculos se han elaborado a partir de datos procedentes de un periodo de expansión económica, por lo que la cantidad podría variar si se combinaran distintas fases del ciclo. En todo caso, reconoce que esta reforma del despido podría llevar a un aumento de los mismos al reducirse su coste y a que estos no se concentraran solo en los trabajadores temporales. Por ello, sugiere considerar la introducción de un sistema 'bonus-malus' (bonificaciones y penalizaciones), que redujese las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas con menor rotación laboral, y viceversa.