Después de tres jornadas intensas, extrañas a veces y siempre maratonianas, ayer quedó vista para sentencia la causa abierta en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el diputado de Acción Social Sergio Murillo y tres funcionarias de los Servicios de Infancia de Bizkaia por la separación de Irune Costumero y su hija de entonces 5 años, con finalidad de cederle la custodia provisional al padre.

La sala, presidida por María José Martínez, deberá decidir ahora sobre si los acusados incurrieron en los delitos de prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas. Junto a Murillo, María Antonia Giner, jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia y Consuelo Alonso, jefa del Servicio de Infancia –los tres, firmantes de la orden foral–, y la trabajadora social Maika Urrutxurtu se enfrentan a una petición de hasta cinco años de prisión y quince de inhabilitación.

La última jornada tuvo dos partes destacadas: una, la declaración de los peritos presentados por la acusación; la otra, las conclusiones finales en las que, en el caso de la defensa y la fiscal, quisieron dar un mensaje a los medios de comunicación, molestas ambas por las informaciones respecto a la llamativa actitud de la fiscal.

La defensa dijo ser consciente de que este es «un caso mediático» y se mostró «molesta porque parezca que el Ministerio Fiscal está haciendo la labor de la defensa». También porque se «está machacando» en la prensa «a estos cuatro profesionales», en relación a los acusados.

La otra, la fiscal, advirtió que «no defiendo a la Diputación, porque el Ministerio Fiscal actúa en defensa de la legalidad, el interés del ciudadano y el interés público».

La fiscal pidió la absolución, porque «lo que hizo la Diputación es aplicar la ley»; un ente que, al recibir a la niña en «una situación de elevado riesgo, no les queda más remedio que dictar esa orden». Y volvió a poner el foco en Irune Costumero, al preguntarse si «tenía todo pergeñado» con antelación, porque presentó una denuncia judicial contra Diputación «solo» dos días después de que le quitaran la niña.

De hecho, en esto también coincidió con la defensa, que pidió además que las costas del juicio, en caso de sentencia absolutoria, recaigan sobre la acusación particular porque «pedir 600.000 euros no puede salirle gratis». Para ella, el caso «parte de un error de base, porque Irune Costumero se siente víctima de violencia de género, cuando este es otro tema».

Para Iñaki Arana, el abogado que ejerce la acusación particular, los acusados incumplieron la ley a sabiendas y de forma «arbitraria» al hacer caso omiso a que ambos progenitores ostentaban la custodia compartida por sentencia judicial. Pero el ente foral es «impermeable al Derecho», dijo. Basándose en un informe «falso y tendencioso» realizado por Maika Urrutxurtu, sobre otros informes, como el de la sicóloga Beatriz Lafuente y en el que por primera vez se habla de un supuesto Síndrome de Alienación Parental que sufre la niña respecto a la madre, afirmó que con el sistema de «corte y pega» se construye un caso y llaman a la madre «engañándola», sin que pueda estar asesorada por un abogado.

«Llevándolo a la Medicina, en la Diputación se opera sin hacer un escáner», añadió el letrado.

En esta vista se escuchó una grabación, facilitada por un anónimo del Servicio de Infancia, en la que en los primeros 3-4 minutos se pueden oír los desgarradores gritos de la niña el 4 de agosto de 2017.

Los peritos echan por tierra los informes de Infancia

El 11 de agosto de 2017, poco días después de que le quitaran a su hija, Costumero contactó a través de su página web con la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, especializada en violencia de género. El 18 fue a su consulta, en Madrid, como relató en la sala: «Me encontré con una mujer devastada. Era una madre amorosa y tierna, que no entendía un hecho tan traumático. Ella misma me pide que le evalúe por si le había hecho un daño extremo a su hija y, si descubría algo, cómo hacer para no hacerlo más. Tenía un sentimiento extremo, por lo que había pasado y le habían dicho durante años».

Vaccaro fue sumamente crítica con el «sesgo interpretativo» de los informes del Servicio de Infancia. «Desde el primer momento, todo lo de la madre era malo. Todo lo del padre, bueno. Eran manifestaciones subjetivas, hasta el punto de que la trabajadora social hace un diagnóstico clínico y no es su ámbito de trabajo». ¿Y el uso de la alienación parental como se ha oído estos días? «Es una forma solapada del supuesto Síndrome de Alienación Parental, uno de los sucedáneos que continúan usándose a pesar de que está prohibido expresamente».

¿Es Irune Costumero víctima de violencia de género?, se le preguntó. «Sí, lo fue», respondió Vaccaro.

Dolores Serrat y Juan Carlos Gimenez, médicos psiquiatras, echaron también por tierra los informes del Servicio de Infancia, por «inespecíficos» y porque «se dice que hay alto riesgo para la niña, pero no se explican las causas».

La de Serrat fue una declaración demoledora, en la que explicó que la niña ya presentaba un sentimiento contrario el padre en el primer encuentro en 2019 y actualmente «no ha mejorado, pero ha hecho una disociación de su entorno, ha buscado un mecanismo de defensa y vive la situación con resignación».