A través de un proyecto de colaboración impulsado por el Gobierno de Nafarroa, un equipo de la UPNA va a realizar una investigación sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica en el herrialde, especialmente en los colegios religiosos.

En una comparecencia ante los medios, los responsables de ese trabajo, Amaia Álvarez y Mikel Lizarraga, detallaron ayer que, a través del mismo, se busca «cuantificar el número y tipología de abusos en Navarra con el objetivo de conocer la dimensión de esta problemática y de contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover medidas para su reparación».

Para ello, hicieron un llamamiento a la ciudadanía que haya sufrido algún abuso o que cuente con información relevante al respecto para que se ponga en contacto con la UPNA a través del correo electrónico investigación.abusosclero@unavarra.es o llamando al teléfono móvil 699706088 hasta el próximo 1 de setiembre.

Añadieron que les gustaría contar con una perspectiva de género en el trabajo, con testimonios de mujeres, ya que hasta el momento, principalmente han sido hombres los que han denunciado esos abusos.

Confidencialidad

Álvarez y Lizarraga pusieron el acento en la confidencialidad de los testimonios que se puedan recopilar en todas las fases del proyecto. La recogida de esos testimonios se podrá realizar mediante entrevista de manera presencial con investigadores de la UPNA o de forma telemática rellenando un cuestionario online.

Con toda la información recopilada, el equipo investigador elaborará un informe que será entregado al Gobierno de Nafarroa.

Los investigadores de la UPNA remarcaron la necesidad de analizar esta cuestión en vista de que «en Navarra ha existido un vacío de investigación y de reconocimiento a las víctimas, que no se han beneficiado de políticas públicas».

Apoyo psicológico

En el mismo sentido se expresó el director general de Justicia del Ejecutivo, Rafael Sainz de Rozas, quien señaló que esta investigación se enmarca en «la apuesta del Gobierno por apoyar a todas las víctimas». De hecho, señaló que «hemos tratado a diez personas que han solicitado apoyo psicológico», asistencia que se les presta como «a víctimas de otro tipo que la necesitan».

Sainz de Rozas remarcó en varias ocasiones que las cuestiones penales que puedan producirse en este ámbito «están reservadas a los tribunales de justicia», pero que, desde el Ejecutivo, se ha considerado imprescindible profundizar en esta materia para que las víctimas puedan ver atendidos «sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación» y con el objetivo de que hechos como estos no vuelvan a repetirse.