En una rueda de prensa organizada por Egiari Zor Fundazioa, una representación de personas que denunciaron haber sido torturadas por la Ertzaintza hicieron ayer una valoración sobre el acto conmemorativo que el Gobierno de Lakua tiene previsto de cara al “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura” el próximo 26 de junio, y para pedir al Ejecutivo que «reconozca de una vez por todas la responsabilidad que tiene en nuestra victimización».

El 20 de junio de 2019, el Parlamento de Gasteiz aprobó en el pleno por unanimidad instar al Ejecutivo a conmemorar dicho día. Una delegación de Egiari Zor, compuesta por víctimas de la tortura, presenció aquel debate en la Cámara y consideró «positivo» contar con un nuevo mecanismo institucional «que ayudara a situar el drama de la tortura en el mapa de la verdad del sufrimiento vivido en Euskal Herria».

Asimismo, pidieron que, «superando lo meramente simbólico», se adoptaran al mismo tiempo medidas efectivas para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la tortura, y se asumieran responsabilidades.

Hace unas semanas, Lakua anunció que este 26 de junio realizará un acto institucional de reconocimiento a las primeras 30 víctimas que han sufrido la violencia del Estado. Y desde Egiari Zor Fundazioa valoraron «muy positivamente» este paso: «Será un acto necesario sin duda, que traerá consigo el reconocimiento público y oficial de algunas víctimas de la violencia practicada por el Estado, entre ellas la tortura, y pondrá en vías de reparación esas vulneraciones de derechos humanos padecidas por estas personas».

Sin embargo, en la comparecencia de ayer señalaron que este acto «no responde» al mandato parlamentario que la Cámara autonómica hizo al Gobierno en 2019, ya que según indicaron, no se conmemorará a todas las víctimas.

«Lamentamos que esto sea así, porque consideramos que en este momento histórico que vivimos, donde la construcción de la convivencia del futuro es el compromiso que la gran mayoría de la sociedad vasca ha asumido, esta hubiera sido una inmejorable oportunidad para que el Gobierno Vasco hiciese un ejercicio de reconocimiento público a las víctimas de la tortura, y también un sincero ejercicio para asumir sus responsabilidades como Gobierno de forma sincera», subrayaron.

En este sentido, destacaron que el Gobierno de Gasteiz tiene «responsabilidades» para con las víctimas de la tortura practicada por la Ertzaintza. «Hasta ahora, ha eludido su responsabilidad para no confrontar con su hipocresía: la de exigir a otros lo que él mismo se niega a asumir. No ha existido autocrítica ninguna, ni siquiera cuando el Informe Sobre la Tortura en Euskadi, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno Vasco, certificó mediante la aplicación del Protocolo de Estambul que al menos 336 casos de tortura fueron llevados a la práctica por la Ertzaintza durante los gobiernos del PNV», detalló Egiari Zor.

 

«Responsabilidad política»

Así, Alkorta y Fernández señalaron que «si la tortura ha sido posible, es porque existía un pacto de Estado que la posibilitaba; todo un engranaje perfectamente diseñado donde la impunidad era la clave para que esta práctica ilegal permaneciese vigente durante décadas. Engranaje donde el Gobierno Vasco también jugó su papel».

Denunciaron que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han sufrido «décadas de negacionismo institucional» y que ello ha posibilitado «no solo la impunidad ante este crimen, sino también su perpetuación».

«No se nos olvidan declaraciones de responsables políticos de la Ertzaintza, que una y otra vez han rechazado las acusaciones de tortura; o aquellas palabras del mismo lehendakari, que orgulloso hablaba de la ausencia de condenas por tortura contra la Ertzaintza», apuntaron antes de indicar que un informe propio ha verificado 336 casos de tortura por la policía autonómica y ni una sola condena. «Esta es la prueba de una impunidad manifiesta que debiera provocar cuando menos vergüenza y autocrítica», añadieron.

A su juicio, la impunidad ante «graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de la Policía» no puede ser «un elemento para el orgullo, sino más bien un revulsivo para tomar medidas que la erradiquen». También destacaron que en el fondo de esta cuestión anida «la necesidad de reforzar el discurso legitimador de un modelo policial que a la vista está no garantiza la salvaguarda de los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía».

Para finalizar, aseguraron que existen «responsabilidades políticas que asumir», y han pedido medidas de reconocimiento y reparación que se pueden poner en marcha «de inmediato». «Las víctimas de la tortura llevamos demasiados años esperando. Entendemos que a ello debe responder este 26 de junio y, por ello, como víctimas de la Ertzaintza, hacemos un llamamiento al Gobierno Vasco a que con valentía reconozca su responsabilidad», concluyeron las víctimas de tortura.