El jueves, en un debate en el Parlamento de Gasteiz de la propuesta para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Contra la Corrupción, como la que en Nafarroa gestiona el PSN con el apoyo de Geroa Bai, el parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa justificó el voto en contra de su partido en que así lo mandaba el Gobierno –que en 2018 lo refrendó– y en que la proposición de EH Bildu «defiende la propuesta de un modelo más represivo que preventivo. Y nosotros y nosotras entendemos que la dimensión preventiva ha de ser la predominante, ya que es el aspecto más importante a desarrollar. Y es precisamente este aspecto que el Gobierno Vasco lleva años implementando».

Al hilo de esta afirmación, conviene rebobinar y echar un vistazo a cómo ha actuado el Gobierno de Lakua y su eje troncal, el PNV, en casos de corrupción u otras actitudes conexas.

Vayamos, por tanto, al caso de corrupción más sonado de los últimos años, por el que fue detenido y luego condenado el diputado de Administración Local de Araba y número 2 del PNV en este territorio, Alfredo de Miguel. Como no podía ser de otra forma, al poco de dar con sus huesos en la comisaría de la Ertzaintza, en marzo de 2010, renunció a su cargo en la Diputación. No fue hasta julio cuando el entonces presidente del EBB, Iñigo Urkullu, les pidió que entregaran el carné del partido pero ninguno de los encausados le hizo especial caso. Y, lo que es peor, los burukides Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano no obedecieron hasta el 22 de enero de 2011, con cierta chulería, recados al EBB y después de haberse reunido con Joseba Egibar, comisionado por el partido para negociar con ellos. El mismo que luego recibió con abrazo a De Miguel en el Parlamento.

En diciembre de 2019, Alfredo de Miguel y sus compañeros de partido fueron condenados judicialmente, en su caso a 13 años de cárcel, por la comisión de varios delitos de cohecho, asociación ilícita, blanqueo, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. Aunque el PNV quiso desligarse, lo cierto es que la condena mencionaba que la pertenencia al partido les había dado ventaja para delinquir, e incluso señaló que una condenada seguía órdenes del ABB.

¿Y dónde está ahora Alfredo de Miguel? Cobrando de la Administración autonómica como funcionario de Hazi. Tras ser detenido y dejar su cargo público, el mismo 2010 pudo elegir entre volver a su puesto en el Industrialdea de Araialdea o a IKT, una de las tres sociedades que se fusionaron para dar lugar a Hazi. Cobró una indemnización de la Industrialdea y optó por la fundación para el desarrollo rural y litoral.

Y allí sigue y al parecer seguirá porque, según acaba de responder la consejera Arantxa tapia al Parlamento, «esta persona trabajadora tiene unos derechos a preservar, tanto en caso de condena mediante sentencia provisional (no firme) como en el caso de condena mediante sentencia firme, y por lo tanto, el supuesto de una indemnización por despido es irreal, y por ello no se ha considerado».

El exdirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano, continuó como contable del Parque Tecnológico de Miñano después de haber sido condenado a siete años y medio de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita dentro del caso De Miguel. La oposición pidió su cese pero el alcalde de Gasteiz respondió que «no puede echarse a nadie hasta que la sentencia sea firme».

Pese a lo dicho por Jon Andoni Atutxa en el Parlamento, en este caso no funcionó la «prevención». Todo saltó por la denuncia de una afectada durante el Gobierno de Patxi López. Y el PNV no aplicó ningún tipo de «represión». Más bien imperó la recolocación y la reinserción.

Como en el caso del joyero Jose Luis Bengoechea, uno de los cuatro administradores de Afypaida, empresa matriz del coche eléctrico Hiriko, condenado por agravar la insolvencia de la firma en compañía de conocidos jeltzales. Lehendakaritza mantiene contratos a dedo con él, como si no hubiera nadie más que le pudiera proveer de pins y medallas.

La mención a que De Miguel dejó su cargo en el Industrialdea de Araialdea recuerda el caso de un exburukide guipuzcoano al que después de ser purgado le dieron un cargo también en una Industrialdea. Lo contó sin tapujos ante miembros de otros partidos quien entonces era el presidente del GBB y lo enmarcó dentro de «la cultura del partido». Tan lenguaraz dirigente era Juan Mari Juaristi, Xeler, quien después, en 2005, fue inhabilitado durante un año por el tribunal interno del PNV, por haber hecho trampas en favor de la facción de Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu en las elecciones internas de 2003. (Uno de los componentes de ese tribunal interno, Joanes Labaien, fue luego defensor en el caso De Miguel y recientemente firmó un análisis jurídico sobre Corrugados muy en la línea de Tapia).

Juan Mari Juaristi culpó del castigo a una venganza de Joseba Egibar, que había recuperado la dirección guipuzcoana, pero mientras estaba inhabilitado en el PNV, el mismo 2005, tenía la confianza de Gonzalo Sáenz de Samaniego, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación que lo tuvo como asesor al frente de Gune6, la alianza de empresas públicas del sector primario entre las que estaba IKT, la de Alfredo De Miguel. En la actualidad, y desde 2016, es el director gerente de Musikene.

Facilitar una sólida salida profesional a quienes tienen que dejar los cargos públicos parece ser también «cultura» jeltzale. El exconsejero de Salud Jon Darpón dimitió en marzo de 2019 por el fraude en las OPE de Osakidetza, y en mes y medio, el 4 de mayo, era ya el responsable para Eurasia y de operaciones del grupo Keralty Health.

Más rápidos fueron los saltos de la exviceconsejera de Administración Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Mayte Bacigalupe, que estaban dadas de alta en la firma a las 48 horas de su cese. La ley prevé que un alto cargo no puede ir a trabajar a una empresa con la que ha tenido una relación frecuente durante su mandato, pero existen excepciones y la consejera Olatz Garamendi se las concedió.

La creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Contra la Corrupción pretendía poner coto a las actuaciones discrecionales, pero PNV y PSE se opusieron a ella alegando que ya «tenemos instrumentos internos de fiscalización y control económico presupuestario.

Sin embargo, la realidad demuestra que ninguna de estas instituciones sirvió para detectar el fraude en el Museo Balenciaga, ni el desfalco en el Guggenheim, ni vieron cómo el exdirector de Hacienda de Gipuzkoa Victor Bravo se lo llevaba crudo. Hubo que esperar a que el PSE llegara al Gobierno para que el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, dudara de la legalidad de los contratos que desde diez años antes se venían haciendo con José Carlos Margüello, que acabó condenado por prevaricación. Los cárteles de los comedores escolares y el más reciente de las consultoras (que probablemente dará todavía mucho que hablar), salieron a la luz por denuncias de quienes se sentían discriminados.

Esto nos puede llevar a fijarnos en la Autoridad Vasca de la Competencia, presidida por Alba Urresola, que recoge en su currículo público que fue subdirectora de Asesoría Jurídica y Control Interno Fundación del Museo Guggenheim Bilbao entre 2001 y 2017. Pues entre 1998 y 2008 el director financiero del museo, Roberto Cearsolo, se llevó nada menos que medio millón de euros sin que Urresola y su equipo lo detectaran. Según denunció Josu Estarrona en el Parlamento, al poco de llegar a su cargo al frente de la AVC, adjudicó un contrato a Sabin Azua, uno de los ahora multados por el cártel de consultoras por la CNMC. Le pagó 30.000 euros por un documento de 16 páginas. A 2.000 euros la página.

El resto de la dirección de la AVC la completan Enara Venturini, que ha pasado por Deloitte, una de las consultoras más multada y ha participado abiertamente en campañas del PNV, como la del pasado 8 de marzo. El otro vocal es Rafael Iturriaga Nieva, ligado directamente con el PSE, que cuida de su empleo.

En cuanto a otros órganos de control, cabe recordar que se acaba de prorrogar el mandato de José Luis Bilbao, ex diputado general de Bizkaia, como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

En cuanto a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, está dirigida por Javier Losa, exmiembro del ABB nacido en Donostia, que firmó que apenas había «algún error técnico» en los contratos con Montai, empresa dirigida por otro ya afamado jeltzale guipuzcoano.

Otro de los órganos a los que PNV y&punctSpace;PSE fían la honorabilidad de sus cargos es la Comisión de Ética Publica, con mayoría de cargos del Gobierno, a la que por ejemplo se dirigió la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, interpelada por su actuación en el caso de las vacunas vips. Le dio todas sus bendiciones.

Para demostrar que sus miembros estaban dispuestos a mirar con buenos ojos lo que les expusiera la consejera, cabe fijarse en un detalle de la página 6 de su informe. Allí se recoge que Sagardui afirmó el 20 de enero en el Parlamento que «conocidas informaciones relativas a posibles incumplimientos de esos protocolos, ayer mismo se inició una investigación interna y hemos de concluir que, a fecha de hoy, tenemos encima de la mesa una renuncia y cese».

Según los guardianes de la ética pública, esto significa que «trasladó» al Parlamento que «los dos directores gerentes de ambos (...) ya no ostentaban dicha responsabilidad».

¿Han leído en lo afirmado por Sagardui que la «renuncia y cese» eran de los directores gerentes? Ni los mencionó. Ni nombre ni cargo ni hospital. Podían haber sido el sacerdote y el del vending de Santa Marina, que también recibieron la vacuna ese día de forma irregular.

Por cierto, a Eduardo Maiz y José Luis Sabas, ambos notorios afiliados del PNV, no consta que el EBB les haya pedido que entreguen el carné. Andoni Ortuzar habló de partido garantista.