En nombre del Foro Social Permanente y de Behatokia, Agus Hernan y Teresa Toda, respectivamente, se reunieron ayer con Julen Zelarain, Naia Zuriarrain y Arantza Zulueta, en representación de las ocho personas acusadas en el sumario 13/13. Las otras cinco son Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi.

La vista oral de este macrojuicio político ha sido fijada por la Audiencia Nacional española para el 12 de julio y las peticiones fiscales van desde 7 años de cárcel hasta 19 años.

Tras el encuentro que se llevó a cabo en la sede de Steilas en Bilbo, Toda transmitió a los medios de comunicación que «es necesario trabajar en la búsqueda de un acuerdo previo entre todas las partes personadas» en este sumario.

Como remarcó, este proceso judicial se abrió en 2011, «precisamente el mismo año en el que se produjo la Conferencia Internacional de Aiete». Por tanto, han pasado «diez años en los que las personas acusadas y sus familias han vivido permanentemente con la angustia de esta situación».

«La moviola de la historia»

Por eso, comentó Toda, las acusaciones que sustentan este juicio y las peticiones de condena vuelven a activar «la moviola de la historia». Recordó que varios de los acusados denunciaron torturas –como está reconocido en el informe del Gobierno de Lakua realizado por el IVAC–, que se produjo una ilegal intervención de comunicaciones por parte del CNI y que se criminalizó el trabajo de las abogadas y abogados de presos vascos. Elementos que les llevan a concluir que la instrucción del caso «está en entredicho».

En cambio, el Foro Social apuesta por avanzar en el «proceso de construcción de la convivencia democrática» y, en este caso, considera que «es preciso trabajar, desde la generosidad, en la búsqueda de un acuerdo previo entre todas las partes personadas», ya que este juicio «no puede ser ajeno» a un contexto que debe estar marcado por «los acuerdos resolutivos».

Tras constatar «la voluntad de los ocho acusados de buscar este acuerdo», el Foro espera que «las acusaciones avancen en el mismo sentido». Y cree que «la sociedad vasca, sus instituciones, partidos políticos y sindicatos apoyarían un acuerdo previo como solución razonable».