Dejar de ser un alto cargo de Osakidetza se ha convertido en un inigualable trampolín para la empresa privada, aunque tu salida se haya visto forzada por un escándalo, como se pudo comprobar en el caso del exconsejero Jon Darpón, que dimitió en marzo de 2019 por el fraude en las OPE, y en mes y medio, el 4 de mayo, era ya el director para Eurasia y responsable de operaciones del grupo Keralty Health. Más rápidos todavía fueron los saltos de la exviceconsejera de Administración Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Mayte Bacigalupe, que estaban dadas de alta en la firma a las 48 horas de su cese.

En esta ocasión el afortunado fue Juan Diego Casals, hombre al que el lehendakari puso al frente de Osakidetza como director general cuando, en noviembre de 2018, dimitió María Jesús Múgica a consecuencia del escándalo de la OPE. Tras pasar por el cargo sin hacer ruido, Juan Diego lo dejó en noviembre y, en febrero, ya era presentado como consejero delegado de Edinor, una filial de Petronor que, a su vez, es propiedad de Repsol, que tiene al frente a Josu Jon Imaz.

Diego Casals llegó a la dirección general de Osakidetza sin ninguna experiencia previa en la Sanidad, pero con una larga trayectoria en cargos públicos desde que, en 1984, inició sus trabajos como asesor jurídico del Departamento de Educación del Gobierno de Lakua.

Preguntas a la consejera

A la vista de este nuevo rápido salto desde la cabeza de Osakidetza a una firma privada que, como Petronor, tiene numerosos proyectos en común con el Gobierno de Lakua, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, realizó varias preguntas a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que por su cargo es la presidenta de la Comisión de Ética Pública.

Estarrona justifica que «las puertas giratorias tienen un gran eco en la opinión pública, en la actividad política y en la confianza en las administraciones e instituciones. Y pese a ser habituales para algunas personas, creemos que no son normales y no podemos considerarlas normales».

Por ello, pidió a la consejera que respondiera al Parlamento si «tiene el Gobierno Vasco algún criterio en relación con este tipo de casos», si «se aplica alguna normativa o ley», y «en caso negativo», si «tiene intención de desarrollar alguna normativa o de elaborar algún proyecto de ley para evitar este tipo de casos». Además, quería saber «qué opina la consejera sobre el hecho de que altos cargos del Gobierno, al poco de abandonar su cargo, den el salto a puestos de gerencia, dirección o alta responsabilidad en empresas privadas». Y, por último, si «ha recibido la Comisión de Ética Pública alguna consulta por parte de Juan Diego», antes de incorporarse al nuevo cargo.

Garamendi no quiere opinar

La consejera Olatz Garamendi remitió un escrito a la Cámara diciendo que su puesto de presidenta de la Comisión Ética Pública «no es compatible con la emisión de opiniones personales», aunque asegura que esto no supone «menoscabo alguno a la legítima y necesaria labor de control al Gobierno que ejercen los grupos parlamentarios».

Después, da explicaciones sobre la forma de trabajar de la Comisión de Ética que también le impiden ofrecer ningún otro tipo de información cobre sus trabajos. Al final, no responde a ninguna de las preguntas.

En un pleno de control del Gobierno celebrado el 26 de marzo y cuestionada sobre las puertas giratorias exprés cogidas por Darpón, Ansotegi y Bacigalupe, la consejera Garamendi explicó que la ley contempla que un alto cargo no puede ir a trabajar a una empresa con la que ha tenido una relación frecuente durante su mandato, pero añadió que existen excepciones y aseguró que en estos casos los afectados hicieron la pertinente petición que cumplía los requisitos para que se le aceptara el paso a la empresa privada.

Hombre de confianza

Diego Casals es un hombre de larga trayectoria en la Administración, donde ha desarrollado tareas de confianza de las más altas instancias de Lakua y del PNV. Comenzó como asesor de Educación en 1984, pasó a Presidencia en 1986 y fue nombrado director de Asuntos Europeos en 1991.

Entre 1999 y 2009 fue director gerente de EiTB y, tras ese periodo, fue imputado por malversación por un juez que finalmente archivó la causa penal y la administrativa, en la que pudo haber una actuación temeraria, no se pudo seguir por la alta fianza que se exigía a los denunciantes.

Tras un tiempo en empresas públicas, en 2017 pasó a ser director de Coordinación de Lehendakaritza y, en noviembre de 2018, Urkullu lo nombró director general de Osakidetza para poner orden tras el escándalo de las OPE presuntamente amañadas. Públicamente mantuvo un perfil bajo, también durante la pandemia del covid-19, hasta que fue sustituido en noviembre de 2020.

En febrero fue contratado como consejero delegado de Edinor (Energia DIstribuida del NORte) que el propio Diego define como «un filial del Grupo Petronor que tiene por objeto contribuir a los objetivos de transición energética».