Entre reunión y reunión, entre tanta actividad parlamentaria, del Ministerio de Derechos Sociales y militante partidaria, Enrique Santiago atiende a GARA. Desde 2018, este jurista madrileño es el secretario general del Partido Comunista de España, formación que hace años está ensamblada con Izquierda Unida y es parte de las confluencias de Unidas Podemos.

Santiago es diputado por Madrid y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Referente en asuntos jurídicos de UP, ha asumido la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en sustitución de Ione Belarra, que ahora es ministra. Cercano a Pablo Iglesias e influyente en el rumbo de UP, Santiago tiene una reconocida trayectoria en el gremio de los abogados progresistas españoles.

En entrevista con este medio, califica de «impropio de una democracia» el hecho que las víctimas del franquismo y de la guerra sucia no haya tenido una «justa reparación», acusa a la derecha española de ser «liberticida y negacionista de desigualdad» y afirma que si se tienen en cuenta «las aspiraciones» del soberanismo vasco y catalán repercutirá favorablemente en todas las regiones del Estado «porque rebajará tensiones» y ayudará a un proceso de conquista de derechos.

Empecemos hablando del tema territorial. ¿Hay líneas rojas por su parte ante la mesa de diálogo catalana o con el proyecto de Nuevo Estatus del Parlamento de Gasteiz? Por ejemplo sobre el derecho a decidir.

En mi opinión, políticamente, se puede hablar de todo, pero a la hora de tomar acuerdos esos acuerdos deben ajustarse al marco legal que haya en cada momento. Esa es la voluntad con la que se aborda cada discusión. Conviene ajustarse a un calendario. Es difícil cambiar los marcos legales sobre todo si el modelo constitucional exige mayorías calificadas. Habrá que esperar tener suficiente apoyo de una mayoría social para que haya una correlación de fuerzas. Evidentemente, no va a haber un acuerdo que reconozca el derecho de autodeterminación.

¿Es imposible?

Nosotros defendemos el marco de relaciones entre los pueblos que conforman España donde todos esos pueblos se sientan cómodos en un proyecto común, un marco de estado federal que se reconozcan los derechos, la construcción de un Estado que garantice el bienestar y los derechos de los diferentes pueblos.

En su momento, la articulación de Pablo Iglesias con el soberanismo vasco y catalán fue clave a la hora de sumar mayorías, como en la moción de censura. ¿Hoy en la mesa de diálogo UP qué puede aportar?

Lo que ha aportado UP es un entendimiento entre todas las fuerzas de izquierda de España, las fuerzas democráticas, al margen de cuál sea su visión sobre la plurinacionalidad del Estado. Hay hoy una mayoría electoral progresista por encima de las ideas del negacionismo de la ultraderecha, que cuestionan cualquier mecanismo de corrección de las desigualdades. Si hay mayoría que permite avanzar en posiciones comunes lo que es absurdo es que no se puedan forjar acuerdos debido a las identidades nacionales con las que cada uno se reconoce. Ese es el gran aporte que ha hecho UP, e Iglesias en ese sentido hizo un aporte fundamental, estableciendo un marco buscando lo que une y eliminando obstáculos que históricamente han impedido el entendimiento por las diferentes visiones sobre la plurinacionalidad. Mientras seamos capaces de mantener esas alianzas no habrá gobierno de derechas. El día que eso no pueda pasar volveremos a tener gobierno de derechas como la española, que es una derecha liberticida.

Explique un poco más eso por favor, sobre la necesidad de mantener esas alianzas…

Hay que anteponer todo lo que nos une en los pueblos de España, el progreso colectivo. Si los derechos del pueblo vasco avanzan, está claro que en el resto del Estado redundará positivamente, al igual que los derechos del pueblo catalán, porque redundaría en una reducción de tensiones. En la medida que se vean satisfechas las aspiraciones de los diferentes pueblos de nuestro país se reducirá la conflictividad y será mas fácil en avanzar en proyectos de elevación del nivel de vida y de los derechos esenciales. Es nuestro convencimiento. Queremos la unidad en un proyecto de expansión de derechos de todos los pueblos.

Ya no hay más presos vascos más allá de Madrid. ¿Ve factible seguir avanzando en esta cuestión para eliminar otras situaciones excepcionales? Por ejemplo la ley 7/2003 de Aznar.

El gobierno de España tiene una agenda de recuperación de derechos fundamentales limitados durante el gobierno de la derecha. ahora mismo tenemos en agenda la reforma del Código Penal y todo lo relativo a los delitos de libertad de expresión. Eso está en el acuerdo programático de gobierno, no hay modificaciones previstas más allá de eso.

Usted fue con Iglesias al estreno de la película sobre Mikel Zabalza en Madrid. ¿Asumir la tortura, y la guerra sucia en general, es una asignatura pendiente del Estado español?

Estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo el Parlamento Vasco en cuanto a las vulneraciones en los años posteriores al final de la dictadura, que se reflejan por ejemplo en esta película. Evidentemente no ha habido un reconocimiento pleno institucional a las vidas de estas victimas que sufrieron actos de violación de DDHH con implicación de funcionarios públicos. Ha habido reconocimientos, actuaciones y homenajes a las víctimas de la violencia provocada por ETA pero a otros tipos de víctimas, como las de la dictadura franquista, o los casos antes mencionados, no han sido reparados, es una asignatura pendiente. No puede haber víctimas de primera y segunda categoría y eso no significa rebajar el nivel a quienes ya han tenido reconocimiento sino darlo a los que no lo han tenido en forma absolutamente injustificada. Es impropio de una democracia, todas las víctimas son iguales.

Con respecto a los últimos fallos de la Justicia, la actitud del CGPJ en varias cuestiones, ¿no ve una crisis en la judicatura

Importantes instituciones del Estado han abondonado la neutralidad hace tiempo, constantemente están haciendo política. No me refiero solamente al poder judicial sino también a otras instituciones…

Se refiere a la monarquía supongo…

La Casa Real nunca ha abandonado la neutralidad porque nunca la ha tenido, en la medida que tiene vetado a su acceso a todo cual que no es parte de la familia, una institución que no es democrática ni es transparente. Se está asumiendo una limitación democrática.

Volviendo a la judicatura y lo que representan algunos de sus últimos fallos…

El Poder Judicial tiene que actuar con la debida neutralidad. El pronunciamiento sobre el cartel de Vox (de la campaña electoral madrileña) demuestra que se ha entrado en el terreno de lo político sobre unas ideologías y otras y nadie se lo había pedido. Había que valorar si se había cometido un delito de odio y dieron lamentables valoraciones poco menos que justificando ese discurso xenófobo. Esto es consecuencia de un importante déficit democrático, porque el Poder Judicial no fue lo suficientemente democratizado al acabar la dictadura, y el modelo de acceso a él es muy endogámico, es demasiado prevalente determinadas características que se valoran, como la memorización, pero se valoran poco otras características, como la equidad. Tenemos un probelma de racionalización y de democratización del acceso a cuerpo tan importantes como la judicatura y a otros también, como la diplomatura.

¿Y cómo se soluciona?

No puede ser que se dependa de opositores cuyas familias le puedan pagar los cursos durante años. Hay que democratizarlo y facilitar los recursos materiales a todo el mundo para poder acceder a ese tipo de puestos. El resultado es un Poder Judicial politizado claramente a la derecha, tenemos que corregir ese modelo de acceso y que haya mecanismos de elección de los cargos directivos que ahora están secuestrados por los partidos de la derecha de este país. Dicen que la culpa (por la renovación del CGPJ) es de los partidos que no se ponen de acuerdo...pues bien, yo creo que más bien es culpa del modelo que permite este tipo de filibusterismos y bloqueos.

Frente a su opinión, está en las antípodas la del jefe de la oposición, que se arroga el éxito de haber advertido en Bruselas la reforma judicial y por eso se vio frenada...¿esto fue así?

A mí no me consta que en Bruselas hayan advertido nada, si manifestaron puntos de vistas favorables o no. Nunca ha habido una posición desde Europa equiparando las reformas que se pretenden con tremendas involuciones en materia de derechos como en Polonia o Hungría. El señor Casado no es un experto en Derecho sino muchísimo menos y no no tiene conocimientos jurídicos profundos. Cuando ha pretendido dar su punto de vista responde a sus criterios subjetivos. No hubo en ningún momento un rechazo a las reformas desde Bruselas. Sí hubo resoluciones de tribunales europeos contra decisiones de la justicia española, muchas, corrigiendo desafortunadas decisiones.

¿Qué cree que sucederá en los tribunales europeos con las causas de los soberanistas catalanes?

No sé lo que va a pasar. El delito de sedición es una figura muy represiva no ajustada a la realidad de la crítica democrática. Que en España haya condenas por sedición no se corresponde con el derecho a la crítica y la disidencia política, son cuestiones que nos han preocupado a nosotros. Es bueno avanzar en reformas en el Código, que es demasiado represivo para los índices de criminalidad bajos que tenemos.