El próximo lunes se celebra el Día Internacional de las Desapariciones Forzosas, establecido por la ONU hace una década como una jornada para denunciar esta práctica cruel demasiado empleada en conflictos de todo el globo. Las desapariciones no solo suponen la muerte de la víctima principal, también conllevan la mortificación de sus allegados, condenados a vagar durante décadas en un mar de preguntas sin respuesta, sin poder dar al duelo el lugar que requiere. Aplicado de forma metódica y generalizada, es también una estrategia de terror a la que han recurrido en masa regímenes dictatoriales durante décadas. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea una práctica limitada exclusivamente a gobiernos militares. También hay desapariciones avaladas por las urnas.

El Foro Social Permanente se adelantó ayer a la efeméride para recordar que en Euskal Herria siguen existiendo siete desapariciones sin aclarar, siete cuerpos sin aparecer. En algunos, la autoría sigue siendo incierta, en otros, no quedan dudas sobre la mano de la guerra sucia, como en el caso de José Miguel Etxeberria ‘Naparra’. Su hermano Eneko resume de forma cruda lo que suponen las desapariciones: «El duelo por los fallecidos dura dos años, el de los desaparecidos no acaba nunca». El Foro Social también recuerda que hay al menos otros siete casos de desapariciones en los que el cuerpo sí pudo ser recuperado, desde dos policías desaparecidos en Hendaia, a los casos más sonados de guerra sucia de los aparatos del Estado, como son los de Lasa y Zabala y el de Mikel Zabalza.

Incluso en esos casos de autoría conocida, la asunción de responsabilidades institucionales ha brillado por su ausencia. Conviene recordarlo en días en los que se inflan polémicas interesadas. Las desapariciones son la antítesis de la tripleta en la que se insiste al abordar las consecuencias de un conflicto armado: ni la justicia ni la verdad ni la reparación son posibles si no se aclara lo que ocurrió.