El curso escolar ha comenzado en Hego Euskal Herria con una nueva ley de educación. Uno de los cambios más relevantes es que prohibe los conciertos con aquellos colegios que separan a niños de niñas. Tal y como se intuyó en primavera durante el debate de una proposición no de ley de EH Bildu, el Gobierno de Nafarroa ha inspeccionado los dos colegios que segregan y considera que no cumplen la ley al mantener separados a los alumnos de cursos superiores. Sin embargo, de momento no ha tomado medidas. Por otra parte, en la CAV no consta ninguna actuación del Ejecutivo formado por PNV y PSE.

Es posible que haya que repetirlo una vez más pero la escuela es una institución que socializa a niños y niñas, que les transmite pautas sociales y valores para que convivan con otras personas y se integren en la sociedad. Por esa razón, cualquier tipo de segregación, ya sea por sexo, raza o condición socioeconómica, menoscaba esa importante función y debilita la conformación de sociedad inclusiva e igualitaria. En consecuencia, las escuelas que segregan por sexo no deberían ser financiadas por el Estado, tal y como recoge la actual ley Celaá. Los promotores de la segregación escolar suelen argüir su derecho a la libertad para educar a sus hijos e hijas como consideren oportuno. Una libertad que nadie cuestiona, pero que no pueden pretender que sea financiada a cuenta del erario público.

La propuesta de red pública unificada de EH Bildu profundiza en el carácter inclusivo e igualitario que debe tener la escuela. Sin embargo, no será fácil llegar a acuerdos con un Gobierno que opta por una especie de pase foral, acatar pero no cumplir, en todo aquello que no es de su gusto. Lo está haciendo con la ley Celaá y lo hizo antes con otras leyes emanadas del Parlamento de Gasteiz que no eran de su agrado, como la de vivienda o la actualización de la cuantía de la RGI. Ese desprecio no augura un camino fácil hacia una nueva escuela pública vasca.