Se habla de la preocupación de las familias afectadas económicamente por la covid-19 ante el comienzo del curso de sus hijos. Las familias que se han visto obligadas a cerrar sus comercios tiemblan ante la idea de no poder pagar el material escolar. El Gobierno no da respuesta para la financiación si se trata de la educación pública. Algunas escuelas han puesto ordenadores al alcance del alumnado para poder llevar a cabo las clases desde casa. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden costearse una línea de wifi? ¿Las telefónicas deben dar acceso gratuito a todos los alumnos que no puedan permitírselo? Sí. Si no son las empresas, que sean las escuelas. El derecho a la educación es un derecho fundamental que, hasta en el caso más extraordinario, no debe olvidarse.