Las autoridades de Estados Unidos van a volver a utilizar el centro de detención de migrantes que se encuentra en la base naval de la Bahía de Guantánamo, donde albergarían de forma temporal a más de un centenar de personas.

Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional a los que ha tenido acceso la cadena de televisión NBC, el Gobierno está buscando un contratista para administrar el centro, cuyo aforo ampliaría del actual de 120 plazas a las 400 personas, y al que exige que un 10% del personal hable español y criollo haitiano.

El centro, cercano a la prisión donde EEUU mantiene aún a 39 prisioneros encarcelados al margen de la legalidad en su «guerra contra el terror», sirvió durante décadas para preparar a los migrantes interceptados en el mar para su posterior reasentamiento en terceros países.

El campo fue abierto en 1991 y por él han pasado cerca de 34.000 haitianos detenidos y otros tantos cubanos hasta que fue clausurado por la Administración Obama, y no había sido usado para acoger migrantes desde 2017.

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado, sin embargo, que haya planes para trasladar allí a los migrantes haitianos que se encuentran en el sur del país, y asegura que la reapertura del centro no está relacionada con la reciente crisis migratoria en la zona del estado de Texas.

Alrededor de 14.000 personas que han cruzado el Río Grande en las últimas dos semanas, la mayoría familias enteras que huyen de la violencia y el colapso de Haití se encuentran bloqueadas en un campamento improvisado en la frontera.

Allí, ha sido sometidos a las agresiones de agentes fronterizos que de forma violenta impiden que entren en el país, a pesar de que desde mediados de mayo los ciudadanos haitianos pueden gozar del Estatus de Protección Temporal (TPS) con el que evitar la deportación.

El Gobierno de EEUU ha comenzado a deportar a cientos de ellos sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo, una medida denunciada por Acnur, al considerar que vulnera la legislación internacional.

De hecho, la única solución al problema que ha planteado el Gobierno de Biden ha sido acelerar las deportaciones hacia Haití, donde el país, hundido en el caos económico agravado por el terremoto, no les ofrece nada.

Durante los últimos años, la falta de oportunidades laborales y el incremento de la inseguridad han agudizado el fenómeno migratorio. Muchas de estas personas llegan desde Chile o Brasil, donde han estado años trabajando legalmente como mano de obra barata.

El gobernador texano, Greg Abbott, pidió al presidente, Joe Biden, declarar el estado de emergencia.

El enviado de EEUU para Haití dimite por el trato inhumano

El enviado especial de EEUU para Haití, Daniel Foote, dimitió ayer para no verse involucrado con la «inhumana y contraproducente decisión de deportar a miles de refugiados haitianos». Foote criticó que la política de Washington es «profundamente defectuosa» respecto a Haití y lamentó que sus recomendaciones han sido ignoradas. Recordó que el país, destrozado por la pobreza, el crimen, la corrupción y la carencia de recursos, es incapaz de ofrecer seguridad o servicios básicos. GARA