En esta fase de desescalada de las restricciones establecidas por la pandemia, los «botellones» y los consiguientes incidentes con diferentes policías han sido convertidos en noticia casi diaria, especialmente en la CAV. En este contexto, ayer diarios del Grupo Vocento publicaron la filtración del decreto que prepara el Gobierno de Lakua y que según estas fuentes introduce «medidas alternativas» a las multas.

Algunos extremos ya avanzan polémica. Por ejemplo, ¿es de alcance general la aplicación de sanciones por cuestiones como beber en la calle? A tenor de lo adelantado, no: se plantean para «preferentemente menores y personas de entre 18 y 25 años». También será imponible únicamente a quienes están empadronados o residan en la CAV; no a turistas, por ejemplo.

La novedad respecto a la práctica actual, que consiste en imponer multas de entre 30 y 600 euros, es la introducción de tres tipos de medidas alternativas, por las que se pueden conmutar las sanciones económicas. Una consiste en hacer «trabajos en beneficio de la comunidad», planteados a modo de «reparación» y con un mínimo de 20 horas. Otra, programas «de sensibilización y concienciación sobre los riesgos del consumo de sustancias», de al menos ocho horas de duración. Y una tercera, programas «de tratamiento» para casos en que se considere que se ha llegado a una situación «dependencia a tóxicos».

Siempre según esta filtración, cuando un menor o joven sea sancionado se le ofrecerá la opción de conmutar la multa. Dispondrá de un plazo de quince días para decidirlo. Si apuesta por ello, tendrá que reconocer expresamente la responsabilidad de la infracción. Y en el caso de que sea menor, los padres o tutores deberán autorizarlo.

En municipios como Donostia ya existía un procedimiento de sustitución de multas por este tipo de programas. En 2020 tomaron parte en él 89 jóvenes que habían sido sancionados por consumir alcohol o cannabis sobre todo.

Reunión del LABI el martes

No será hasta la semana que viene cuando se conozca el contenido definitivo del nuevo decreto, probablemente el martes, cuando está previsto que se reúna el comité asesor del LABI para revisar las actuales restricciones vigentes en la CAV dada la evolución de la pandemia.

Fue el propio lehendakari quien anunció ayer la convocatoria en declaraciones a los medios de comunicación en Gasteiz tras la inauguración de un congreso sobre ética y cambio climático. Posteriormente el Ejecutivo informó que esa reunión, en la que se espera que se aminoren las actuales medidas, será el 5 de octubre a las 16.30 horas.

Como es habitual, Iñigo Urkullu se limitó a decir que las medidas que se adopten dependerán de lo que decida esta semana la comisión técnica que asesora al LABI institucional.

Por su parte, en una entrevista en Radio Euskadi, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, hizo un llamamiento a la «prudencia» para ser «consecuentes» con la situación epidemiológica, y aseguró que la flexibilización de las restricciones llegará «cuando los indicadores lo vayan permitiendo». «Todo hace pensar que iremos adelante, pero hay que esperar a ciertos indicadores», insistió al respecto.

Aforo del 100% en El Sadar, pero al 60% en los estadios de la CAV

El derbi entre el Athletic y el Alavés, este viernes a las 21.00, se disputará en San Mamés con toda probabilidad con el aforo al 60%, ya que el Gobierno de Lakua se ha desmarcado del acuerdo alcanzado ayer por el Ministerio español de Sanidad y las comunidades autónomas, que acordaron el fin de las restricciones en los estadios de fútbol y dieron luz verde a que se disputen con el 100% de público, mientras que en el caso del baloncesto o del balonmano, en recintos cerrados, será del 80%. En Nafarroa sí regirá el 100%. De hecho, Osasuna confirmó ayer que El Sadar abrirá completo para el partido ante el Rayo Vallecano, lo que supone de paso que vuelven a venderse entradas para el público en general.

El portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, dijo que el Ejecutivo no se siente «concernido» por el acuerdo del Consejo Interterritorial porque se trata de una competencia autonómica y porque los acuerdos del citado consejo «son recomendaciones, no son de obligado cumplimiento». «Hay un decreto en vigor y hasta que sea sustituido por otro nuevo es el que servirá como referencia», zanjó.GARA