Uno de cada cinco menores puede haber sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia sexual en la CAV, donde se estima que entre 2.000 y 4.000 chicos y chicas de 18 años han padecido algún caso de abuso. Datos de los servicios forales de los tres herrialdes reflejan 90 notificaciones en 2018 y un total de 151 personas adultas condenadas por delitos sexuales contra menores de 16 años. Ese mismo año, Ertzaintza y policías locales registraron 276 delitos sexuales contra menores de 16 años.

Estos son algunos de los datos ofrecidos ayer por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno de Lakua, Beatriz Artolazabal, y la organización Save The Children, que reflejan el alcance de una problemática de la que se conoce la punta del iceberg, según precisaron durante la celebración de una conferencia en Gasteiz para explicar la experiencia piloto de atención integral a menores víctimas que se pondrá en marcha en la capital alavesa, siguiendo el modelo de las «casas Barnahus».

Tal y como indicaron, la realidad en torno a los abusos sexuales a menores es muy difícil de cuantificar ya que no existen registros unificados. Lo que sí se sabe es que llegan a juicio «una mínima parte de los casos».

A modo de detalle sobre el procedimiento que sigue la atención actual, la directora de Save The Children Euskadi, Charo Arranz, destacó que entre diferentes policías, servicios sociales, de salud... tras la sospecha de un caso hay más de 600 puntos de entrada al sistema. Esta es una de las cuestiones que corrige el sistema Barnahus, un espacio alejado de comisarías y hospitales, en un entorno amigable, que reunirá y coordinará a todos los profesionales relacionados con la atención al menor, equipos sicológicos, servicios sociales, profesionales de la judicatura... La idea es que además del menor, también su familia reciba atención especializada.

Arranz, que ha presentado el informe “Bajo el mismo techo: la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Euskadi; necesidades de mejora y aportaciones del modelo Barnahus”, señaló que el sistema actual, muy fragmentado, provoca que las víctimas tengan que contar de media ocho veces su historia a diferentes profesionales y en lugares diferentes.

«Eso no solo dificulta su recuperación, sino que además es perjudicial para el proceso judicial, ya que no se cuida su testimonio y se genera un daño adicional al menor, generando una victimización secundaria. El resultado: siete de cada diez casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas», apuntó.

Cada reconstrucción de la historia supone revivir la agresión, reiteraron varios expertos reunidos en Gasteiz, en un encuentro que contó con la participación del islandés Bragi Gudbrandsson, fundador del «modelo Barnahus».

Artolazabal, que anunció que la «casa Barnahus» estará ubicada en Gasteiz, en un entorno residencial cuyo emplazamiento aún no se ha decidido, precisó que podría estar en funcionamiento en verano, y avanzó que tras la experiencia, la red se ampliará con casas en Bizkaia y Gipuzkoa.