El preso Gregorio Vicario Setién fue ingresado ayer en el hospital de León para ser sometido a una operación quirúrgica en la que se le colocará un bypass coronario. Sus dolencias cardiacas empezaron en mayo de 2020, cuando cumplía pena en la cárcel de Topas, pero no ha sido hasta ahora, año y medio más tarde y tras ser trasladado al penal de Burgos, cuando se le va a practicar una operación crucial para su salud. Por el camino, ha sido llevado a Urgencias por dolores y mareos en dos ocasiones, tras lo cual, en marzo, lo llevaron por fin al cardiólogo. En junio le informaron de que estaba en lista de espera para realizar una prueba de esfuerzo, examen que no se le hizo hasta finales de octubre. Los resultados –una isquemia severa de gran extensión– fueron tan alarmantes que solo una semana después le realizaron un cateterismo y le colocaron un stent. Es difícil pensar que un proceso coronario de estas características pueda dilatarse tanto en el tiempo fuera de la cárcel.

Vicario, que a la dolencia cardiaca actual suma la pérdida casi absoluta de la visión del ojo derecho, lleva 20 años preso. Desde 2016 cumple pena en el Estado español. Es uno de los 50 prisioneros a los que la doble contabilidad vengativa aplicada por Madrid –no computan los años de cárcel en el Estado francés– condena a una cadena perpetua de facto. Tiene 64 años y le quedan 22 de cárcel, según la legislación de excepción aplicada por el Estado español. Saldría con 86 años, tres décadas después de que ETA abandonase la actividad armada. ¿Esta es la idea?

Con Vicario ya son 20 los presos gravemente enfermos, el 10% del colectivo. La biología y las condiciones carcelarias harán que esa cifra vaya en aumento en los próximos tiempos, al menos si el Estado español deja pudrir esta carpeta. Los acercamientos, racionados, de los últimos meses han supuesto una pequeña grieta en un muro que parecía inexpugnable, pero el caso de Vicario muestra de forma dramática que son insuficientes. Su sitio está en casa.