EH Bildu lleva varias semanas denunciando que una enmienda presentada por los socios de gobierno, PNV y PSE, a la Ley de Administración Ambiental, concederá al Ejecutivo de Lakua capacidad, en nombre del interés general, para imponer proyectos concretos a los ayuntamientos por encima de su propia normativa municipal.

Lo reconoció el pasado viernes la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ante el Parlamento, donde confirmó que la pretensión de su Gobierno es anteponer sus decisiones frente a la oposición a determinados proyectos que pueda haber en un municipio o en una zona, canalizada a través de sus instituciones o de movimientos vecinales.

Expuso la consejera que «estamos hablando de proyectos e infraestructuras que pueden estar ligadas al ámbito medioambiental» y «que deben ubicarse en el emplazamiento más idóneo para ello».

Como consecuencia de estas palabras, EH Bildu presentó una moción rechazando estos cambios y para que el Parlamento inste al Gobierno a que «ante las dificultades para sacar adelante proyectos de interés general que supongan una mejora ambiental, ponga especial empeño en integrarlos adecuadamente en la planificación territorial, dentro del actual sistema de planificación, y en explicar y compartir los beneficios de los mismos en la sociedad».

Pero la Mesa del Parlamento, con el voto de la mayoría formada por los socios de Gobierno, PNV y PSE, no admitió ayer a trámite esta moción. Fuentes oficiales de la Cámara consultada por NAIZ señalaron que este veto se debe a que «el ámbito para el debate de la Ley de Ordenación del Territorio es el procedimiento legislativo establecido reglamentariamente. Por otra parte, la presentación de enmiendas es el modo en el que los grupos parlamentarios pueden ejercer su derecho de participación política». Se añade que «este acuerdo se adopta con el voto en contra de la vicepresidenta segunda (EH Bildu) y del secretario segundo (Elkarrekin Podemos-IU)».

En una nota hecha pública por EH Bildu tras conocer el veto, la formación afirmó que «PNV y PSE han demostrado que tienen miedo a un debate transparente sobre sus propósitos y que están dispuestos a utilizar cualquier subterfugio para tratar de esconder lo que es un ataque directo del Ejecutivo a los ayuntamientos».

Enmienda en otra ley

Por la mañana, Pello Otxandiano, director de programas de EH Bildu, y Onintze Oleaga, responsable de política municipal de EH Bildu, comparecieron ante los medios para llamar la atención sobre el hecho de que se quieran cambiar los principios de la Ley de Ordenación del Territorio a través de una enmienda a la Ley de Administración Ambiental, enmienda que además no ha pasado por los informes técnicos, jurídicos y económicos a los que sí son sometidos los proyectos de ley. Y, además, que esto se produzca cuando –según denuncian– «no existe marco regulatorio para coordinar las políticas sectoriales relacionadas con la acción climática, porque a día de hoy no existe Ley del Cambio Climático y Transición Energética».

EH Bildu entiende que en materia medioambiental y de avanzar hacia la neutralidad climática, «reina la improvisación y la política de fuegos de artificio, tratando de simular que la situación está bajo control, cuando no lo está».

Otxandiano y Oleaga destacaron que la enmienda presentada por PNV y PSE supone «modificar las reglas de juego de nuestro sistema institucional en cuanto a políticas de ordenación del territorio se refiere». Denuncian que «esto atenta contra la pluralidad política, ya que lo que se pretende es imponer infraestructuras allá donde no existe mayoría absoluta de los partidos del Gobierno».

Para EH Bildu, «la competencia urbanística es una de las funciones más importantes que llevan a cabo los Ayuntamientos, por un lado en la ordenación y construcción del futuro del municipio, y por otro lado, como defensa de su territorio y del bienestar de sus habitantes». Y avanzan que la imposición de los proyectos desde el Gobierno a los municipios «no va a resultar eficaz», porque ir «contra la voluntad democrática de las comunidades locales, nos conduce inevitablemente a situaciones de conflictividad social que van a lastrar y retrasar la implementación de las acciones climáticas».