EDITORIALA

Competencia carcelaria; ¿Lakua presa de la AN?

Cuando aún no han pasado ni los cien días de rigor, hay que conceder al Gobierno de Lakua el beneficio de la duda con la competencia penitenciaria que tiene en sus manos desde el 1 de octubre. Más aún, es justo reconocer que tanto antes como después se han dado pasos en dirección correcta y con agilidad. Antes, con la definición de un modelo que introduce parámetros de justicia restaurativa o potencia la semilibertad, lo que encaja con el prisma mayoritario en la ciudadanía vasca y supone un giro relevante frente al modelo punitivista imperante en el Estado español, reflejado en el reciente informe del Comité europeo para la Prevención de la Tortura. Y después, con la creación de Aukerak como agencia para impulsar la reintegración de las personas presas, que ayer tuvo como novedad el anuncio de que desde el 1 de enero habrá «itinerarios laborales» para allanar excarcelaciones.

Jaime Tapia, el juez convertido en viceconsejero para pilotar este proceso, ha remarcado desde el inicio otra idea pertinente; que este modelo se aplicaría sin excepción a todas las personas presas en Zaballa, Basauri o Martutene. Sin embargo, este principio, y con él todos los anteriores, queda en la nada cuando se introduce el matiz de que se aceptarán las decisiones de la Audiencia Nacional sobre estos prisioneros y prisioneras, con el añadido aún más inquietante de que el Gobierno de Lakua no va a confrontar con esta institución. Lo cierto es cuando revoca el tercer grado a un preso, como ya ha ocurrido con Unai Fano, es la AN quien busca el enfrentamiento, desautorizando a la Junta de Tratamiento y al titular de la competencia.

Se da la circunstancia de que el «itinerario laboral individualizado» que se plantea ha sido una demanda expresa de presos y presas en su periplo por las cárceles españolas. Su voluntad de recorrer la vía legal contra viento y marea está acreditada desde 2016. Quien dude de su deseo de impulsar la convivencia puede releer la declaración de EPPK de hace solo siete días. No pueden ser marginados por un gobierno que además se resigne a quedar preso de la AN.