Las asociaciones y federaciones Aecine, Diboos, Mapa, Piaf, Proa y Profilm agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes han emitido públicamente un comunicado a través del cual han criticado duramente la nueva Ley de Comunicación Audiovisual –pendiente de ser aprobada en los próximos días– debido a que, en opinión de dicha plataforma, «pone en jaque la producción independiente».

De esta manera, las productoras independientes se suman al coro de voces contrarias provenientes de los canales de televisión representados por UTECA y los anunciantes.

Cabe recordar que, a finales del pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros de Madrid aprobó la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual destinada a adaptar la legislación al mercado actual, dictado en gran medida por nuevos agentes y nuevos servicios audiovisuales impulsados por las tecnologías digitales.

Tras el acuerdo alcanzado con ERC en materia de Presupuestos, la ley incluirá una cuota del 6% de contenido del catálogo de las plataformas en las denominadas “lenguas cooficiales del Estado”, como el euskara, el catalán y el gallego, si bien solo será aplicado a empresas que tienen su sede fiscal en el Estado español, por lo que plataformas como Netflix o HBO no se verían afectadas.

Además de sentirse «desoladas» por dicha ley, las productoras independientes afirmaron que supone «una condena a una dependencia de grandes suministradores de contenido» porque «no responde a las necesidades del sector, no fomenta su consolidación y crecimiento, abandona a su suerte a una industria cultural estratégica como es la producción audiovisual independiente y tampoco responde al espíritu de la directiva europea que busca proteger la industria propia».

En su nota también descubren su sorpresa al no ver recogida en ella ni una sola de las alegaciones que aportaron en los procesos de audiencia pública previos.

Multinacionales

En sus conclusiones, la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes dice sentirse desprotegida y señala que les «condenan a una dependencia irreversible de los grandes suministradores de contenidos que en poco tiempo alejará los centros de decisión respecto a la producción audiovisual que se realice en el Estado español».

«Este proceso de convivencia lleva años avanzando y las grandes cadenas e inversores extranjeros han ido haciéndose con la producción, los derechos y a menudo con la misma propiedad societaria de importantes productoras que en su día fueron independientes y ahora son instrumentos de los proveedores de contenidos», añadieron en su comunicado.

El eje central de las demandas realizadas desde la plataforma, la defensa de la producción independiente, no es tenido en cuenta en el texto que el Gobierno de Madrid propone al Congreso «olvidando su contribución, desprotegiéndola y condenándola a una dependencia irreversible de los grandes suministradores de contenidos que laminará la propiedad intelectual de las producciones que se hayan realizado aquí, empobreciendo su Patrimonio audiovisual».

Para los productores, uno de los puntos más preocupantes del texto es la confusión entre las productoras realmente independientes y «las que la ley permite pasar por tales cuando claramente son herramientas de grandes plataformas y cadenas de televisión, que dependen completamente de lo que estas decidan y que forman parte con mayor o menor claridad de grandes grupos empresariales internacionales».

«El pretendido apoyo del proyecto de ley a la producción independiente se traducirá en que las beneficiarias serán multinacionales propietarias de productoras que a causa de la mala redacción del proyecto pasarán ahora por independientes», sentenciaron.