El domingo 2 de enero, Angélica moría en la céntrica plaza del Ensanche de Bilbo, donde dormía desde hace tiempo, tras sentirse «indispuesta». Llegó a la capital vizcaina hace algo más de dos años desde Sudamérica. Tras contactar con la asociación Bizitegi, logró plaza en un albergue, que solo utilizó un día por razones que se desconocen.

«Tenía solo 40 años, pero su cuerpo, castigado por una vida muy dura, no aguantó más», señaló la plataforma en un homenaje realizado el miércoles que aprovecharon también para pedir a las instituciones públicas «más responsabilidad en la lucha contra la desigualdad».

Tan solo un día después de la muerte de Angélica, colectivos sociales gipuzcoanos informaron de la muerte de Moussa. Ocurrió el 31 de diciembre, en Irun. De origen senegalés, llegó a Euskal Herria hace varios años.

Pernoctaba cerca del recinto ferial Ficoba, donde murió, al parecer, por insuficiencia respiratoria. Cuatro días después de la muerte de Moussa, el Ayuntamiento no tenía constancia de lo sucedido. Así se lo comunicó a NAIZ los días 3 y 4 de enero. Tras conocerse lo ocurrido en los medios, tampoco ha habido un comunicado institucional ni consta ningún tipo de ayuda a la repatriación, que ha sido sufragada con un recolecta popular.

«¿No hay recursos para evitar que personas residentes desde hace años en la ciudad y que viven en situación de vulnerabilidad puedan morir en la calle?», se preguntaba SOS Racismo.

Atxuri

Estos dos casos son la punta del iceberg de una situación dramática que viven miles de personas, especialmente inmigrantes.

Por ejemplo, decenas de jóvenes norteafricanos llevaban ocho meses durmiendo en las canchas del polideportivo del barrio bilbaino de Atxuri. Ante la inoperancia del Ayuntamiento para conseguirles un recurso habitacional, vecinos se organizaron para ofrecerles acompañamiento y un espacio para guardar sus cosas. En el Gobierno municipal no debían estar muy contentos con la presencia de estos jovenes allí y, tal y como denunciaron asociaciones y vecinos del barrio, la Policía les despertó en varias ocasiones a las 7.00 con música a todo volumen. El final de este capítulo llegó el 3 de enero, solo un día después de la muerte de Angélica: el Consistorio colocó vallas en las canchas para impedir que estos jóvenes pudieran seguir pernoctando en el lugar.

Una concentración convocada por Atxuri Harrera-Ongi Etorri Errefuxiatuak y otros colectivos denunció «el racismo social e institucional que hay detrás de esta decisión». Las vallas, según se apuntó, «no pueden ser respuesta a las necesidades sociales. Estas vergonzantes vallas racistas van en contra de los compromisos básicos de este equipo de gobierno recogidos en la Carta de Valores y el Pacto Social para la Inmigración. Pedimos congruencia y apuesta firme por las personas y los barrios».

«Lo más preocupante no es que nos cierren la cancha, sino que además no nos den una alternativa habitacional para no estar en la calle. Pero el Ayuntamiento no mira hacia nosotros», señalaron los jóvenes.

Responsabilidad institucional

La plataforma Beste Bi contra la exclusión residencial considera necesaria una reflexión «profunda y compartida» y plantea la necesidad de elaborar esta estrategia conjuntamente entre Lakua, las diputaciones y los ayuntamientos, con la colaboración del Tercer Sector; desarrollar los servicios y las actuaciones necesarias con un «presupuesto adecuado»; una implantación adaptada a los diferentes lugares del territorio y no solo en las tres capitales; y hacerlo con «perspectiva de género y sistemas de seguimiento y evaluación».

Pide a las instituciones que «incluyan en los planes de recuperación la lucha contra la desigualdad» y que «se tenga en cuenta el Compromiso Social de Oporto del 7 de mayo de 2021». En especial, aboga por «desarrollar políticas públicas que fortalezcan la cohesión social y luchen contra todas las formas de discriminación», a la vez que «promuevan la igualdad de oportunidades para todos».