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EL SALVADOR

Bukele acaba con la celebración de los Acuerdos de Paz de El Salvador

La derogación en la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo bukelista, de la conmemoración de los Acuerdos de Paz de 1992, ha provocado la indignación en diferentes sectores de la ciudadanía, que han programado para mañana una marcha en rechazo de la medida, pero también contra la deriva autoritaria del presidente, Nayib Bukele, quien mantiene una notable popularidad y considera los Acuerdos «una farsa».

El Salvador no celebrará por segundo año consecutivo los Acuerdos de Paz de 1992 que permitieron la desmilitarización de la Seguridad Pública, la creación del Tribunal Supremo Electoral, la depuración de las Fuerzas Armadas y el fin del reclutamiento obligatorio, y que construyeron la arquitectura política que la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia del país está derribando.

La Asamblea Legislativa dio luz verde –con 61 votos a favor y 60 en contra– a una iniciativa presentada por el exsecretario privado del presidente, y actual máximo representante del Parlamento, Ernesto Castro.

En su lugar, el Salvador celebrará el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado ante las críticas de parte de la población, que ha organizado en redes sociales convocatorias para salir a las calles del país en protesta por la medida, pero también para mostrar el rechazo al retroceso democrático del Gobierno de Nayib Bukele, quien controla ya los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los Acuerdos de Paz se firmaron el 16 de enero de 1992 entre el Ejecutivo central y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y pusieron fin a doce años de guerra civil que dejaron 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos. La histórica fecha del 16 de enero ha sido conmemorada año a año desde 1992 con actos oficiales del Ejecutivo. Bukele ha atacado reiteradamente los acuerdos y afirmó ya en diciembre de 2020, que «la guerra fue una farsa, como los Acuerdos de Paz», los cuales tildó de «negociación entre dos cúpulas» y cuestionó «qué beneficio le trajo a los salvadoreños».

Organizaciones de derechos humanos y la arrinconada oposición denuncian la deriva autoritaria de Nayib Bukele en dos años y medio de mandato, sobre todo después de acciones como la destitución de jueces del Tribunal Supremo, pero el presidente mantiene aún una fuerte popularidad.

Una encuesta señalaba en diciembre que el 85,1% de los salvadoreños aprueba su gestión, sobre todo por la reducción de homicidios y delincuencia.

Ante el intento de borrar la importancia de los Acuerdos, uno de los firmantes, Oscar Santamaría, advirtió al bukelismo, en una entrevista en el diario “La Prensa Gráfica”, de que la principal causa que llevó a la guerra fue la exclusión política, y que la existencia del partido de Bukele, Nuevas Ideas, es posible gracias a que los Acuerdos de Paz establecieron las bases de un sistema democrático.

El Gobierno, sospechoso del espionaje a periodistas

La Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ) condenó el supuesto espionaje que han sufrido al menos 35 periodistas y activistas de El Salvador mediante el programa Pegasus de NSO Group y señaló que este puede provenir del Ejecutivo o de una fuente cercana. «Este nuevo ataque contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador es consistente con el rápido avance autoritario en el país y con el patrón de intimidación, estigmatización y coacción desde el Gobierno contra voces críticas y contra quienes evidencian los abusos de un gobierno que, por ahora, actúa impunemente», apuntó DTJ, cuyos dirigentes son algunos de los espiados.

Amnistía Internacional verificó el uso del programa entre julio de 2020 y noviembre de 2021 en teléfonos de periodistas de “El Faro”, “GatoEncerrado”, “La Prensa Gráfica”, ”Revista Digital Disruptiva”, “Diario El Mundo”, ”El Diario de Hoy” y periodistas independientes, además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ y Cristosal. El Ejecutivo negó cualquier relación.GARA