El Foro Social Permanente quiso poner en negro sobre blanco sus objetivos para este 2022 y los presentó ayer en una rueda de prensa. Sabido es que víctimas, presos y memoria son los tres nudos a desatar que advierten, una década después de Aiete y con la convivencia como horizonte, pero en esta ocasión Nekane Altzelai y Agus Hernán remarcaron una de esas tres cuestiones: ven necesario un «reseteo» colectivo que supere discriminaciones y ampare a todas las víctimas.

Hernán saludó que «hemos terminado 2021 generando las condiciones necesarias para cerrar la cuestión de los ‘ongi etorris’» y ahora «toca dar pasos resolutivos en superar las expresiones de discriminación que también sufren otras víctimas: las víctimas del Estado».

Apuntó aquí aspectos positivos como el inicio de vías de reconocimiento y reparación o «la unanimidad política construida en lo referente al derecho de todas las víctimas –y decimos bien, de todas – a la verdad, la justicia y la reparación, un avance inimaginable hace escasos años». No obstante, admitió acto seguido que «este reconocimiento tiene el riesgo de quedarse en algo teórico si no se da un ‘reseteo’ colectivo». Y lo ejemplificó en dos detalles.

Por un lado, «hoy es el día en que, en el subconsciente colectivo, persiste la idea de que cuando se habla de víctimas se piensa en las víctimas de ETA y no en las del GAL, de la tortura o de las diversas policías. Esto es una expresión de discriminación que ha calado como sirimiri». En segundo lugar, el Foro recordó «expresiones más brutales» de discriminación, «como la falta de amparo institucional y político ante la filtración de las grabaciones sobre la bomba que acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa, las declaraciones de Rafael Vera, Ramón Jáuregui y Villarejo, o la condecoración por parte del Ministerio del Interior a un policía condenado en 1994 por violar derechos humanos». Y concluyó que tales cosas «no habrían sido toleradas si hubiesen hecho referencia a víctimas de ETA».

Agus Hernán denunció que la cuestión de los «casos sin resolver» en este ámbito de la violencia estatal «está fuera de la agenda pública». Y recordó el «sabor agridulce» que está dejando la ley de reconocimiento y reparación de la CAV.

Nuevo plazo y Ley de Secretos

¿Cómo solventar este déficit evidente? Para el Foro Social Permanente, «las instituciones, los partidos políticos y los medios de comunicación tienen una obligación de ejemplaridad». En la práctica, plantea reabrir el plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento en la CAV, «acompañándolo de una verdadera campaña de información y dotando de más medios a la Comisión de Valoración». Y también «liberar el acceso a los archivos, modificando la Ley de Secretos Oficiales».

Presos y memoria

A las otras dos grandes cuestiones pendientes se refirió Nekane Altzelai. Por lo que atañe a las personas presas, consideró que este 2022 debe suponer la repatriación de todas ellas y resolver otros dos «debates nucleares»: «La superación de la excepcionalidad penitenciaria en cuestiones como los permisos en segundo grado, la evolución a tercer grado y el acceso a las libertades provisionales; y la definición de un itinerario de reintegración fundamentado en la Justicia Restaurativa, acordado con todos los actores institucionales y políticos, incluidas las propias personas presas, que defina los pasos a dar dentro de las cárceles y el acompañamiento institucional en el momento de la libertad provisional y el fin de condena».

En cuanto a la memoria, el Foro Social Permanente plantea para el año recién comenzado «la construcción de una memoria crítica inclusiva, superando la crispación que genera el debate interpartidario de la batalla del relato, con amplio eco mediático. Sin duda, se trata del nudo más difícil de desatar», entiende. Al respecto, recordó los «Diálogos improbables», un ciclo que el For Social puso en marcha en diciembre con la idea de aportar a la salida de ese laberinto.