El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español por no permitir en 2010 que el donostiarra Xabier Atristain, cuando estaba detenido en régimen de incomunicación, pudiera ser asistido por un abogado de su confianza. Considera que no se respetó el derecho a un juicio justo y el derecho a contar con asistencia legal elegida por el detenido. Es más, el fallo asegura que la prohibición de escoger abogado «fue tal que socavó la equidad del proceso penal posterior, en la medida en que la declaración inicial incriminatoria del demandante fue admitida como prueba». Un enunciado que rechaza con contundencia una práctica que ha sido sistemática y que deja abierta la cuestión de cuántas veces ha ocurrido eso que describe.

La sentencia es un escándalo de primera magnitud. Por una parte, los tribunales europeos han vuelto a confirmar que el Estado español ha permitido una violación de los derechos humanos constante como parte de su estrategia de guerra, algo que cuestiona de raíz la existencia de un verdadero Estado de derecho y que interpela directamente a todos los demócratas. Por otra parte, el fallo pone de relieve que muchas personas que todavía siguen presas, diez años después del fin de ETA, no solo no tuvieron un juicio justo, sino que además fueron condenadas a durísimas penas que en muchos casos todavía están cumpliendo. El Estado no solo permitió que se cometiera una injusticia mayúscula sino que además, pasada la excepcionalidad, ni siquiera se ha intentado poner remedio al coste inhumano que todavía acarrea toda aquella arbitrariedad.

Ha llegado el momento de hacer justicia. Es urgente una revisión general de todas las sentencias en las que las pruebas se consiguieron bajo tortura o violando los derechos fundamentales que asisten a un detenido. Todos esos procesos debería ser anulados de oficio y las personas condenadas puestas en libertad inmediatamente. La injusticia no es un terreno sobre el que se pueda construir la paz.