La Dirección General de Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio español del Interior, ha negado que el Gobierno trabaje en un cambio legal para descontar a los presos vascos las condenas cumplidas en otros estados. La aclaración se produce después de insistentes filtraciones este fin de semana sobre un presunto plan para adoptar la norma española al criterio europeo.

En concreto, la Dirección General ha enviado un correo electrónico a las asociaciones y fundaciones en el que señala que los cambios se refieren a trasposiciones de directivas europeas, pero que «no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la UE».

El cambio legal se relaciona con el «avance en la interoperabilidad de bases de datos con otros países», particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales.

Antecedentes

El asunto se remonta a 2008, cuando Europa emitió una directriz que establecía que a las personas presas en un Estado se les debería descontar el tiempo de cárcel cumplido en otro, sin acumular ambos. Es la práctica habitual contra los presos y presas vascas encarcelados en el Estado español tras haber estado presos también en el francés (y en algún caso, también al revés). En la actualidad hay unos 50 que padecen esta negativa a descontar condenas.

Esta directriz europea era de obligada traslación a la normativa española, pero primero el Estado español demoró la decisión durante varios años, y después la mayoría del PP recurrió a una artimaña legal para vaciarlo de contenido. Fue en 2014 y supuso de facto que a los presos y presas vascas se les siguiera denegando este descuento de cumplimiento de cárcel.

El pasado viernes la AVT convocó una rueda de prensa para asegurar que el Gobierno español estaba avanzando una reforma, presentándola como «favorecedora de la impunidad» aunque en realidad solo supondría adaptarse al criterio europeo.

La Dirección General dependiente del Ministerio del Interior le ha indicado ahora que la inclusión en el Plan Anual Normativo del Anteproyecto de Ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, se refiere al intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE.

Menciona que, una vez consultado al Ministerio de Justicia sobre el alcance del anteproyecto, este departamento les ha comunicado que la propuesta responde al cumplimiento de la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo.

«En consecuencia, no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la UE».