El Gobierno de Lakua manifestó ayer su criterio desfavorable a la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una renta básica incondicional, ya que considera que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tiene «un modelo vigente de éxito» en su apuesta por «profundizar en la universalización» de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En su reunión semanal, el Consejo de Gobierno acordó rechazar la aprobación de la proposición de ley –que recabó más de 22.000 firmas y que fue registrada el pasado enero–, dado que el Ejecutivo tiene ya comprometida y en fase de trabajo «muy avanzada» para su remisión al Parlamento de Gasteiz la iniciativa de «un proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión».

«Reforzar el modelo vigente»

A su juicio, esta norma servirá para «reforzar el modelo vigente e incorporará todo lo relacionado a la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya presencia es ignorada en la Iniciativa Legislativa Popular y, por tanto, queda desfasada».

Lakua explicó que «el ordenamiento jurídico vigente distingue entre la acción pública de protección del sistema de Seguridad Social, en el que se inserta el Ingreso Mínimo Vital, y la acción pública de atención social, en el que se incardina la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)».

«Cada prestación –indicó el Ejecutivo de Urkullu– obedece a unas determinadas reglas y satisface a requerimientos que deben ser encauzadas desde las instituciones de manera sinérgica y con la máxima eficacia».

Por ello, apuesta por «profundizar en la universalización de la Renta de Garantía de Ingresos, un modelo de éxito en Euskadi» con el que pretende «llegar a segmentos de población actualmente no suficientemente cubiertos, incidiendo especialmente en las familias desfavorecidas con hijas e hijos».

La Iniciativa Legislativa Popular plantea una renta básica como una asignación individual, universal e incondicional que recibirían todos los residentes en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, se financiaría con los presupuestos generales y sería un derecho subjetivo, es decir que como la sanidad y la educación «prevalecería sobre cualquier circunstancia» que pueda afectar a las cuentas.

Mayores y menores de 18 años

Este ingreso sería de 900 euros mensuales para las personas mayores de 18 o menores de esa edad emancipadas, de 450 euros (el 50% de la cantidad inicial) para las de 14 a 18 años no emancipadas y de 270 euros (el 30%) para las que tengan menos de 14 años.

El requisito para percibirla sería acreditar tres meses de residencia en la CAV, y se abonaría a cada persona independientemente de con quién conviva así como de sus ingresos o patrimonio.