Los gobiernos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu cerraron definitivamente ayer el anunciado acuerdo de traspaso a la CAV del Ingreso Mínimo Vital (IMV). De este modo, el Ejecutivo autonómico asumirá la transferencia «íntegra y sin límite temporal» de esta prestación social.

La última fase de la negociación se había ido alargando semana a semana aunque ambas partes repetían que ya habían alcanzado un amplio consenso, un «enredo» que fue criticado por EH Bildu, que a finales de enero reclamó que esa transferencia se realizara de forma «íntegra y urgente».

Desde Iruñea, a principios de febrero, el Gobierno de María Chivite también anunció que el traspaso a Nafarroa estaba muy avanzando, por lo que se espera que pronto se ponga la cita para la correspondiente firma.

Esta transferencia supondrá que el Gobierno de Lakua se encargará de la tramitación, el reconocimiento y el pago del Ingreso Mínimo Vital, por lo que se pondrá fin a «la encomienda de gestión» por la que se materializaba hasta ahora su gestión.

La prestación del IMV requerirá su integración con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que en la CAV ya se ofrece como una «competencia de atención social». En la práctica, para la ciudadanía la nueva situación conllevará que tanto la tramitación como el pago de la ayuda pública correrá a cargo de Lanbide.

En cuanto a la cuantificación económica del traspaso, la CAV descontará del Cupo los importes que abone, estimados en unos 187 millones, un 6,24% del coste del IMV a nivel estatal.

Una veintena pendiente

Según indicaron desde Lakua tras la firma del acuerdo, con el cierre de esta materia «queda una veintena de transferencias para culminar lo establecido en el calendario acordado entre los Gobiernos vasco y español y, de este modo, dar cumplimiento al Estatuto de Gernika».

En ese sentido, ambas partes intercambiaron impresiones sobre el transporte ferroviario, los servicios de meteorología, gestión del litoral y el Fondo de Protección a la Cinematografía.

En la reunión que tuvo lugar en Madrid participaron, entre otros, el vicelehendakari primero y presidente de la Comisión Mixta de Transferencias, Josu Erkoreka; la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi; y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

La delegación del Gobierno español estuvo encabezada por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, junto a quien estuvieron el delegado en la CAV, Denis Itxaso, y otros miembros de su departamento.

Erkoreka señaló que había dado «un pequeño tirón de orejas» al Gobierno español porque, según recordó, la última reunión de esta comisión tuvo lugar en mayo de 2021 en Bilbo y la anterior, en junio de 2020: «Llevamos una media francamente lenta y no tiene por qué ser necesariamente así», señaló.

Por su parte, Rodríguez resaltó que el compromiso de Moncloa con el desarrollo del Estatuto de Gernika se refleja en las once nuevas competencias adquiridas por la CAV a pesar de que «en ocasiones, los ritmos de la Administración no son tan rápidos como nos gustaría».

Garamendi hizo hincapié en que, tras este acuerdo, «ha quedado demostrado que es posible profundizar en la descentralización de la gestión sin romper nada». Alusión de la representante jeltzale al hecho de que esta transferencia se hace respetando el carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social en el Estado.

La ministra, por su parte, enmarcó este acuerdo en la voluntad del Ejecutivo de PSOE-UP de desarrollar el marco constitucional y todos los estatutos de autonomía; es decir, no dejó espacio a la «especificidad vasca» a la que suelen referirse los representantes institucionales del PNV cuando se trata de negociar transferencias.

Es más, Rodríguez, que también es la portavoz del Gabinete Sánchez, destacó que desde el Ejecutivo estatal se está trabajando también con otras comunidades, como Nafarroa, para abordar la gestión del IMV en términos similares a los acordados para la CAV.