Martxelo DÍAZ
IRUÑEA

Batería de medidas del Gobierno navarro frente a la crisis

El Gobierno navarro ha aprobado una serie de medidas que tienen como objeto hacer frente a las consecuencias que está teniendo la guerra en Ucrania en la economía navarra. Incluye medidas tributarias, la agilización de permisos para las energías renovables y limitaciones al alquiler. Deben ser convalidadas en el Parlamento navarro.

El Gobierno navarro aprobó en su sesión de ayer un decreto en el que establece una serie de medidas que tienen como objetivo hacer frente a las consecuencias económicas que está generando la guerra en Ucrania, según dieron a conocer el vicelehendakari, Javier Remírez, y la consejera de Hacienda, Elma Saiz.

Remírez destacó que estas medidas han sido adoptadas tras los encuentros mantenidos con representantes de los sectores más afectados, como las patronales CEN, UPTA y ATA; entidades agrarias como UAGN, EHNE y UCAN, y agentes del sector del transporte como ANET, Tradisna e Hiru. Entró ayer en vigor , aunque requiere una convalidación por parte del Parlamento navarro.

«Tratar de limitar los costes económicos y sociales consecuencia del precio del gas, atajar el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de las economía navarra a esta situación temporal, que permita reforzar al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo», señaló Saiz, que insistió en que es el resultado de «un proceso de escucha activa».

Incluye exenciones excepcionales y deducciones tributarias para afrontar la crisis energética, medidas para agilizar trámites en la autorización de instalaciones de energías renovables y proyectos europeos, limitaciones al precio de vivienda en alquiler, la revisión de precios en contratos públicos, entre otras.

Medidas

Saiz destacó que las medidas adoptadas en Nafarroa complementan las tomadas ya en el ámbito europeo y en el estatal. Al igual que hizo Pedro Sánchez en el Congreso, Saiz apeló a «la unidad» en unos momentos complejos.

En el ámbito tributario, se establecen una serie de medidas para paliar las consecuencias derivadas de la actual situación económica que dificultan el cumplimiento de las obligaciones. Estas medidas persiguen dos objetivos: por un lado, aportar liquidez inmediata a empresas, pymes o autónomos que puedan atravesar dificultades y, por otro, se establecen otras medidas con efectos sobre el IRPF y el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2022.

Así, se establece un nuevo aplazamiento de las deudas tributarios y se exonera a los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas de la obligación de realizar el pago fraccionado correspondiente al segundo trimestre de 2022.

Además, las personas físicas que desarrollan actividades empresariales y microempresas podrán aplicarse una deducción extraordinaria con la que se pretende suavizar el impacto económico derivado de la crisis energética. En el IRPF, la deducción será de un 3% del rendimiento neto positivo del sujeto pasivo, una vez aplicadas, en su caso, la reducción a que tengan derecho por determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada o en estimación directa especial, con un límite de 3.000 euros.

Por su parte, en el Impuesto sobre Sociedades la deducción la aplicarán aquellos contribuyentes cuyo importe neto de cifra de negocio no supere 1.000.000 de euros en 2022.

Vivienda y energía

En el ámbito de la vivienda, se amplía a Nafarroa la limitación de la actualización de los arrendamientos ya prevista en el plan estatal. Afecta también a la vivienda protegida.

Además, y ante la dependencia energética existente y alineándose con las decisiones adoptadas por el Gobierno español, se ha incluido una serie de medidas para simplificar y agilizar los procedimientos para la colocación de determinadas instalaciones de energías renovables.

Junto a ello, se establecen medidas de agilización para la gestión y ejecución de actividades financiables con fondos europeos, eliminando autorizaciones previas, y se permite una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos, al margen del régimen establecido en los pliegos.