La confirmación, por parte del laboratorio canadiense Citizen Lab y de la conocida revista “The New Yorker”, de que el Estado español espía sistemáticamente a cualificados representantes independentistas, siendo escandaloso, no provoca sorpresa. Precisamente, la asunción generalizada de que los poderes estatales, cualquiera que sea la forma que adopten, se dedican a perseguir a agentes políticos e institucionales legales da la medida del carácter escasamente democrático de ese Estado. Más allá del partido en el Gobierno, el deseo de atajar las aspiraciones de libertad y libre determinación de las sociedades vasca y catalana ha activado todo tipo de resortes, también los que se mueven con soltura en las cloacas.

La ausencia de sorpresa no implica, sin embargo, falta de respuesta. La indignación es patente, y no procede solo de los afectados, sino también de integrantes del Parlamento Europeo que han denunciado la vulneración de los derechos de algunos de sus compañeros y compañeras. Si la derivada judicial del procés puso de manifiesto el poco crédito de las autoridades españolas en Europea, este episodio no va a ayudar a aumentarlo. El Estado español es el tercero de la UE en ser sorprendida espiando a sus ciudadanos con Pegasus, tras Hungría y Polonia, que están siendo investigadas por el Parlamento Europeo por esta razón.

Con todo, este capítulo no muestra solo las carencias democráticas del entramado institucional español, también señala los miedos de sus rectores. El espionaje masivo de políticos catalanes indica que el piloto rojo que se encendió en el momento álgido del procés, hace cinco años, en algunos despachos, permanece activado, del mismo modo que el seguimiento a Arnaldo Otegi, que lleva décadas siendo espiado, deja claro que el independentismo vasco es motivo de preocupación permanente en Madrid. El andamiaje español, ha quedado claro, está fuertemente anclado a unas cloacas que periódicamente renuevan sus cañerías, pero cuyo hedor es tan insoportable como siempre.