Los dirigentes independentistas catalanes que han sido objeto de espionaje político a través del programa Pegasus, según se recoge en las informaciones de Citizen Lab, han anunciado que emprenderán una ofensiva judicial en tribunales de varios Estados europeos tras constatar que se están conculcando derechos fundamentales.

Este anuncio se realizó durante una comparecencia en Bruselas ayer al mediodía en la que estuvieron presentes el expresident Carles Puigdemont (JxCat), Oriol Junqueras (ERC), Carles Riera (CUP), Elisenda Paluzie (ANC) y Xavier Antich (Òmnium Cultural). Era, por tanto, una de las comparecencias conjuntas del independentismo catalán en los últimos tiempos.

A la misma hora, en Madrid, comenzaba la rueda de prensa para informar del Consejo de Ministros del Gobierno español. La medida estrella tomada ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez era la supresión de la obligatoriedad de las mascarillas. Pero la portavoz, Isabel Rodríguez, tuvo que responder a varias preguntas relacionadas con el espionaje político y la implicación del CNI. En todas ellas, trató de echar balones fuera, negando la implicación del Ejecutivo español –a pesar de que el programa Pegasus solo se vende a Estados– y eludiendo precisar si el CNI estaba realmente implicado con el argumento de «la seguridad nacional».

La versión oficial de Madrid se completaba con la proclamación de que el Estado español es «plenamente democrático y de derecho» y de que las intervenciones de este tipo de realizan siempre con control judicial.

Al mismo tiempo, en Bruselas los espiados independentistas catalanes anunciaban que se dirigirán a tribunales de los Estados español y francés, de Suiza, de Luxemburgo y de Alemania, ya que el espionaje se habría producido en todos estos territorios. «No habrá nada que quede sin querellar», señaló Puigdemont.

También instaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que actúe de forma urgente y haga rendir cuentas al Estado español, ya que el uso del programa Pegasus contra la disidencia política supone «una violación masiva de derechos fundamentales».

En esa misma línea, emplazaron a actuar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ya que entre los espiados hay presuntamente varios electos de la Eurocámara.

Puigdemont destacó que en las relaciones con el Gobierno español «nada puede seguir igual» tras estas revelaciones, mientras que Junqueras reclamó a Madrid que investigue. Riera, por su parte, recordó que el programa Pegasus empleado para el espionaje únicamente se vende a Estados.

Junto a Puigdemont, Junqueras y demás representantes catalanes comparecieron el investigador de Citizen Lab John Scott-Railton, que realizado la investigación, y el ex Relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión David Kaye.

Railton explicó cómo se ha llevado a cabo, a lo largo de algo más de dos años, la investigación que ha desvelado cómo más de 60 líderes independentistas fueron objetivo de este software que toma el control del dispositivo infectado, en muchas ocasiones sin que la víctima tenga conocimiento de ello.

Esta herramienta infecta móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

Parlamento Europeo

En el seno del propio Parlamento Europeo se ha puesto en marcha una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, que ayer comenzó sus trabajos. Puigdemont será uno de los integrantes de esta comisión de investigación, en la que, curiosamente, también participa el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, quien fue ministro del Interior español en la época en la que el Gobierno español podría haber adquirido este sistema de escuchas.

La Comisión Europea también marcó ayer posición en esta cuestión, señalando que espera que los estados miembros investiguen las denuncias de espionajes y calificando como «inaceptables» los intentos de acceder a datos de ciudadanos, si se llegasen a confirmar.

«La investigación de estos asuntos es responsabilidad de cada Estado miembro. Esperamos que las autoridades nacionales examinen las alegaciones y recuperen la confianza», señaló ayer el portavoz de la Comisión, Johannes Bahrke.

Unidas Podemos, integrante del Ejecutivo español, también abogó por investigar el espionaje a pesar de la postura mostrada por Rodríguez. De este modo, el diputado Pablo Echenique calificó de «gravísimo» lo revelado por las informaciones periodísticas y reclamó a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que abran una investigación. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pidió una investigación mediante un mensaje de Twitter.

El president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, compareció en Barcelona para destacar que el asunto Pegasus afecta a la relación con el Gobierno español en cuestiones como la mesa de diálogo y la comisión bilateral Estado-Generalitat. «Las cosas no pueden continuar igual», señaló Aragonès, quien también reclamó una investigación.

Euskal Herria

Desde Euskal Herria, Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu y uno de los afectos por el espionaje, calificó de «evidente» la implicación del Estado español en este asunto y anunció que reclamará la comparecencia de Pedro Sánchez para aclararlo. Sin embargo, Madrid quiere limitar las explicaciones a una comparecencia de Robles.

Iñarritu señaló que su teléfono fue espiado en 2020, cuando ya gobernaban el PSOE y Unidas Podemos.

Arnaldo Otegi, otro de los espiados con Pegasus, utilizó Twitter para publicar el siguiente mensaje: «Nos ilegalizaron, nos torturaron, impidieron que pudiésemos presentarnos a las elecciones, han practicado la guerra sucia y el asesinato de Estado. ¿Alguien se sorprende de que nos espien? Es el Régimen del 78 en estado puro. Subsuelo ético».

El lehendakari del Gobierno de Lakua, Iñigo Urkullu, también recurrió a las redes sociales para calificar de «extrema gravedad» las denuncias de espionaje y reclamar «una clarificación transparente y completa para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de Derecho».

También el PNV y ELA calificaron de graves las denuncias y reclamaron que se investiguen .