El CNI tiene poco, más bien ningún, motivo para preocuparse por la revelación del espionaje a independentistas catalanes y vascos a través de Pegasus. Ni los tribunales españoles barajan actuar en este caso (los espiados catalanes han enfocado su ofensiva jurídica hacia tribunales de otros países), ni en el Congreso español está operativa en este momento la comisión estipulada para su control.

Esta instancia sí funcionó hasta 2019, pero se mantiene sin constituir desde entonces por la falta de acuerdo entre los partidos. De ello se han valido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el que fue director del CNI en la época en que se adquirió Pegasus, Félix Sanz Roldán, para aseverar que aunque quisieran dar explicaciones sobre ello no tendrían el foro adecuado para hacerlo.

Este vacío supone en realidad un incumplimiento legal, puesto que la ley de 1995 que regula el uso de los fondos reservados establece, en su artículo 7, que los créditos deben estar sujetos al control del Congreso «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

Esa comisión ni está constituida en las últimas legislaturas con Pedro Sánchez al frente del Gobierno ni mucho menos se va a conformar en breve, y eso que el actual periodo ya está en su segunda mitad. Ayer, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, señaló que «he hablado con los grupos» y «los números no salen».

«Yo creo que se debería haber constituido desde el inicio de la legislatura porque eso es lo que le da normalidad al funcionamiento de una comisión que está prevista, pero necesita unas mayorías y los grupos no están en condiciones», alegó

Tampoco cabe llevarse a engaño, puesto que hasta 2019 el CNI no mencionó en ningún momento el sistema Pegasus (que estaría operativo desde 2016) en ese foro. Lo subrayó el miércoles el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, después de que algunas voces recordaran que el entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, integró esa comisión de control.

La ironía de Sanz Roldán

«No esperarán ustedes que un jefe del servicio secreto hable de estos temas en una televisión», respondió entre risas el martes Sanz Roldán a periodistas en una comparecencia pública en la que fue abordado sobre esta cuestión. «Nuestra obligación sí es contestar en los ámbitos que hay para el control del centro. En los lugares de control del CNI se podrá contestar», señaló Sanz Roldán, sabedor de que la comisión está bloqueada.

Hay otras opciones de abordar el asunto en el Congreso, como una comparecencia del presidente español o la ministra o bien la comisión de investigación propuesta ya por todos los socios de Pedro Sánchez. Pero tras lo verbalizado estos últimos días, parece obvio que el PSOE se aferrará a la excusa técnica de la comisión de control.

Como dato revelador, Paz Esteban, la actual directora del CNI nombrada por el Ministerio de Robles, nunca ha declarado en la citada comisión de control del Congreso, puesto que llegó al cargo en el año 2020.

Sin embargo, parece muy probable que después de esa fecha se haya mantenido la utilización de un software de espionaje que habría adquirido el Gobierno de Mariano Rajoy hace seis años y que, a tenor de la lista publicada por el medio “The New Yorker”, se utilizó masivamente contra el «procés» catalán en el momento determinante de 2017.

Aizpurua y Aragonès piden consecuencias: «Es el mayor caso de espionaje político en Europa»

Los movimientos políticos que se suceden tras el estallido del caso de espionaje masivo a independentistas catalanes y también vascos tuvo cita destacada en Madrid. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, uno de los afectados, acudió para entrevistarse con representantes de las fuerzas catalanas que han sufrido esta trama y también con EH Bildu, dados los «pinchazos» a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

Tras el contacto, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, subrayó que «estamos ante el mayor caso de espionaje político en Europa, que no puede quedar impune. El Gobierno español tiene que tomar cartas en el asunto con urgencia, tiene que tomarse en serio el espionaje político a representantes independentistas». «Esto no puede quedar así. Su inacción puede tener consecuencias políticas. Aún está a tiempo de adoptar medidas», añadió.

Tras su visita al Congreso, donde se reunió con estos grupos y también con Unidas Podemos, Aragonès afirmó ante los medios que la confianza con el Gobierno español es «cero» porque no puede haberla «si has sido espiado». «Sin esta mínima confianza en que no eres espiado por ejercer tu compromiso político, la responsabilidad política que te han encomendado tus conciudadanos, es inviable que pueda continuar cualquier colaboración política», avisó.

Preguntado sobre cómo actuará ERC en las futuras votaciones en el Congreso español, Aragonès reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez decisiones y llegar «hasta el final» ante el espionaje «masivo», y avisó: «A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno español, también el Gobierno de la Generalitat y los partidos van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura». GARA