La Comisión Europea, el Parlamento y los Estados de la Unión Europea están «muy motivados» para alcanzar un acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un pacto que podría cerrarse hoy mismo.

Se trata de uno de los dos pivotes sobre el que se sustenta la propuesta para regular las operaciones de los gigantes digitales lanzada por la Comisión Europea en 2020. La otra es la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), cerrada en marzo para tratar de poner coto a las prácticas abusivas de estas grandes plataformas, que hacen valer su peso para limitar la competencia de firmas más pequeñas.

LA DMA se aplicará a las tecnológicas que operen en el mercado europeo y cuenten con una capitalización bursátil de al menos 75.000 millones de euros o un volumen de negocio anual de 7,5 millones, tengan un tráfico de al menos 45.000 millones de usuarios activos al mes y presten «servicio básico» como plataforma.

La DSA representa una actualización fundamental de la directiva de comercio electrónico para el bloque y su objetivo declarado es poner orden y evitar la anarquía reinante en Internet y los servicios en línea, a partir del simple criterio de que todo aquello que es ilegal fuera de Internet también debe ser ilegal en la red.

La legislación incluye capítulos sobre la eliminación de los contenidos de odio, y también se concentra en la venta de productos falsificados o defectuosos potencialmente peligrosos, como juguetes para niños que no cumplen las normas de seguridad.

La nueva regulación obligará a las redes sociales a suspender a los usuarios que «frecuentemente» publiquen contenido ilegal, tal como lo definen las leyes estatales y europeas existentes. Así, los mercados deberán verificar la identidad de sus proveedores antes de permitirles acceder a su sitio.

La normativa propuesta pone la mira en las mayores plataformas, que tengan «más de 45 millones de usuarios activos» en la UE, definiendo así un grupo de empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, a las que podrían sumarse Twitter, TikTok, la firma alemana de comercio electrónico Zalando o Booking. Estos operadores gigantes deberán establecer los medios apropiados para poder eliminar el contenido ilegal, y estarán sometidos a una mayor transparencia en sus datos y sus algoritmos de recomendación.

Esos «portales guardianes» serán auditados una vez al año por organismos independientes y puestos bajo la supervisión de la Comisión Europea, que podrá imponerles sanciones de hasta el 5% de su facturación diaria o multas de hasta el 6% de sus ventas anuales.

La DSA debería también exigir la eliminación de imágenes utilizadas para la llamada «pornografía de venganza» y prohibir el uso de datos sobre religión u opiniones políticas con fines publicitarios.