La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa y la asociación Alokairu –formada por residentes en las VPO de Benta Berri, Donostia– reclaman al Gobierno de Lakua que evite el desalojo de unas 40 familias que viven en alquiler protegido en Errenteria y que corren riesgo de ser expulsados por la inmobiliaria Jaureguizar por vencimiento de contrato.

Demandan al Departamento de Vivienda que ejerza «su derecho de tanteo y retracto» y compre esos pisos para dedicarlos de nuevo a «su función social». La petición la registraron ayer por escrito en la sede del Ejecutivo autonómico en la capital guipuzcoana, donde se concentraron junto a personas afectadas, cargos públicos de EH Bildu y Elkarrekin y sindicalistas de LAB y CCOO.

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, recordó que estas familias viven en la calle Arramendi del barrio de Pontika y que la promotora «ha rechazado» que continúen residiendo en los pisos pagando las rentas como hasta ahora porque «quiere venderlas», una opción a la cual la mayoría no puede acceder debido a su «precaria situación económica».

Entre los inquilinos hay personas de más de 80 años, familias numerosas con menores y personas con minusvalías, así como perceptores de la RGI, y todas ellas pagan, desde hace más de una década, arrendamientos distintos en función de la declaración de la renta que presentan anualmente.

García invitó a Jaureguizar a ser «generosa y solidaria» con estas familias y a «continuar con los contratos de alquiler protegido», acogiéndose a «las ayudas fiscales y subvenciones para arrendadores» previstas en la normativa.