El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) requiere a la Generalitat que cumpla de manera inmediata la sentencia que impone, el 25% de castellano en las escuelas. Para ello le da un plazo de quince días.

Según al auto de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, presidida por Javier Aguayo, esta decisión es consecuencia del requerimiento de la asociación españolista Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que había solicitado la ejecución forzosa de la sentencia.

De este modo, el TSJC ha enviado una notificación al conseller de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, para que dicte las instrucciones y establezca las garantías de control para que se aplique la sentencia del 25%. En este sentido, el tribunal señala que como mínimo los centros tendrán que impartir en castellano una asignatura troncal (además de la de lengua castellana).

Además, requiere a Gonzàlez Cambray que, transcurrido el periodo de ejecución de la sentencia, informe al TSJC sobre las medidas adoptadas por el Departamento de Educación de la Generalitat, así como qué grado de cumplimiento tienen en cada centro.

El TSJC desestima las medidas que la Generalitat le trasladó para tratar de convencer al tribunal de que la sentencia del 25% podía darse por ejecutada. Entre los argumentos que Educación expuso se encuentra el acuerdo alcanzado entre ERC, Junts, el PSC y los Comunes (que todavía no ha sido aprobado por el Parlament) para modificar la ley de política lingüístico en el artículo sobre la lengua en la enseñanza.

La modificación consistía en reconocer que el castellano también puede ser usado como lengua vehicular fuera de la asignatura de lengua castellana y que tiene que tener una presencia garantizada, sin entrar a hablar de porcentajes.

Dos de los cinco jueces que firman el auto añadieron un voto particular en el que discrepan de que pueda darse legitimidad a padres o alumnos de manera individual.

Recurso de la Generalitat

Gonzàlez Cambray compareció ayer ante los medios para anunciar que el Departamento de Educación presentará un recurso contra el auto del TSJC, para lo que tienen un plazo de cinco días.

El conseller calificó de «aberración de los tribunales» y considera que el TSJC no está legitimado para redactar un auto de estas características. En este sentido, destacó que dos jueces han emitido un voto particular. Uno de ellos es el ponente de la sentencia.

Para el conseller, el auto del TSJC es «aberrante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista pedagógico». Mostró su voluntad para seguir trabajando en defensa del catalán y avanzó, en este sentido, que habrá más presencia en la escuela que la que ha habido hasta ahora.

Gonzàlez Cambray subrayó que la enseñanza de idiomas debe basarse en criterios pedagógicos y no en porcentajes y reclamó «el máximo consenso político, social y pedagógico para defender nuestra lengua».

Defendió el actual sistema educativo, que consigue que al acabar el ciclo el alumnado es capaz de expresarse en catalán, castellano e inglés. Además, el conseller envió un mensaje de tranquilidad a los centros. «No tienen que cambiar nada», señaló, antes de destacar que trabajan para levantar «un escudo jurídico para nuestros centros».