La ley para «dotar de estabilidad» al profesorado de religión católica se sitúa «fuera de la legalidad» vigente, según señala un informe del Consejo de Nafarroa. Así lo dio a conocer ayer el vicelehendakari Javier Remírez. El anuncio del dictamen llegó la víspera de la votación de esta norma en el Pleno del Parlamento de hoy. De hecho, es el primer punto del orden del día.

En principio, la norma iba a salir gracias a los votos de Navarra Suma y Geroa Bai, en otro ejemplo de la geometría variable que tan de moda se ha puesto últimamente en Nafarroa.

A falta de «un análisis más profundo», Remírez destacó que el informe del Consejo de Nafarroa «concordaría con la posición que ha mantenido el Gobierno foral», evidenciando de este modo la fractura existente en el Ejecutivo, ya que la posición contraria a la norma se limita a dos de los socios (el PSN, que tiene la cartera de Educación, y Podemos-Ahal Dugu). Sin embargo, el tercer socio, Geroa Bai, se ha posicionado a favor de la ley y, de hecho, su apoyo, unido al de Navarra Suma, es determinante para que se apruebe.

El contenido del informe no ha sido obstáculo para que Navarra Suma siga manteniendo su voluntad a favor de esta ley, que fue impulsada por este grupo. En un mensaje en Twitter señaló que tras analizar el informe, concluye que se ajusta a las competencias navarras, por lo que votará a favor.

De este modo, si Geroa Bai mantiene su apoyo a la norma, estaríamos en un escenario en el que el Parlamento navarro aprobaría una ley con un dictamen (consultivo, en cualquier caso) que pone en cuestión su legalidad.

A la espera del PAI

Entre las tareas pendientes del Consejo de Nafarroa está la elaboración de un informe sobre la ley que blinda el PAI y establece el conocimiento del inglés como requisito para acceder al profesorado.

En este caso, los papeles se invierten, ya que fue Geroa Bai, junto a Podemos-Ahal Dugu, quien pidió al Consejo de Nafarroa este informe, mientras que su socio de Gobierno, el PSN, votó a favor de la aprobación de la ley junto a Navarra Suma sin esperar al dictamen.

Remírez avaló junto a Carlos Gimeno, consejero de Educación, la norma mientras su socio cuestionaba su legalidad,