El 4 de mayo la Ertzaintza culminó un desahucio en Artea (Bizkaia). Una madre se quedaba en la calle con dos menores de 9 años y una hija mayor de edad. Es solo uno de los casos registrados en Euskal Herria desde el inicio de la pandemia, periodo que ha visto un notable incremento en el número de desahucios: desde 2020 a 2021, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha subido un 29%, y en Nafarroa un 12,3%, según un informe sobre el efecto de la crisis publicado por el Consejo General del Poder Judicial español. Los lanzamientos practicados como consecuencia de ejecución hipotecaria han subido un 122,4% en la CAV, mientras que han bajado un 2,8% en Nafarroa.

«Para mucha gente, lo peor de la pandemia no fue el virus –explica a GARA Imanol Arnaiz, presidente de Kaleratzerik Ez–, lo peor fue la falta de humanidad y compromiso por parte de las instituciones». Denuncia la cantidad de casos que tuvieron que tratar porque los servicios sociales les dejaban de lado y «te podías pasar toda la mañana llamando sin recibir respuesta». Esta situación, que se repetía todos los días también en el servicio médico, era inviable para la familia vulnerable que se había quedado sin hogar: «Precisamente en plena pandemia es cuando debería haber más ayuda», indica.

Arnaiz critica que en el servicio de padrón ni siquiera les respondían y afirma que con la limitación de recursos y personal dejaron de empadronar durante la pandemia. Explica el caso de una familia que, al no estar registrada, no podía solicitar las ayudas necesarias, y tuvo que «sobrevivir» con el “bono Eroski” durante meses. Habla con tristeza sobre el caso de una mujer que no quisieron empadronar en el Ayuntamiento de Basauri, por lo que tuvo que dormir en la calle: «Intentamos contactar con ellos pero no daban respuesta, tuvimos que pagarle una pensión porque ella tenía problemas cervicales... Se sentía completamente humillada».

Lo denomina como «drama de la vivienda». Desde la asociación denuncian que no haya un parque de alquiler social para ofrecer vivienda, «un derecho humano fundamental que todos parecen olvidar». Arnaiz explica que «Lanbide suspende la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) cuando les viene en gana» y que esta ayuda ha perdido mucho poder adquisitivo, «una agresión económica que nadie hace nada por parar».

«Vemos casos así todos los días»

«Conseguir ayudas económicas cuesta un montón», comenta el presidente de la asociación. Pone de ejemplo que, al ser desahuciado, el inquilino recibe un dinero que equivale a unos meses de alquiler, pero «solo si consigues un alquiler privado». El problema está en que la gente que se queda sin hogar suele sobrevivir de las ayudas: «Con la RGI, si quieres un alquiler privado, no te lo van a dar, porque hay mucha gente con nómina pidiendo ese alquiler y se lo van a otorgar antes que a ti».

«Desde Kaleratzerik Ez vemos casos así todos los días», aclara Arnaiz. Él lleva en la agrupación desde su creación y antes de eso siempre ha estado involucrado en temas sociales, «desde que abrimos la primera Kultur Etxea en los 70 hasta las movidas ecologistas». Le llegan casos de todo tipo, de familias vulnerables, de violencia de género, «todos los casos basados en un problema de violencia económica».

Imanol Arnaiz cuenta un caso que trataron, sobre una madre que tenía que mandar a su hija a estudiar al otro extremo de Bilbo. Tenía que decidir entre la comida o pagarle el viaje, y eligió pagarle el viaje de ida y que volviese andando: «Sucedió que, más de un día, volviendo de clase, unos chicos seguían a la hija con el coche. Uno de esos días la chica se asustó tanto que tuvo que ir corriendo hacia un señor mayor para pedirle ayuda. Perfectamente podría haberse dado un abuso». La consecuencia de esto fue que la hija no terminase el curso académico. «Al ser el mismo municipio, no está regulado que le asuman los gastos del viaje», explica, aunque tenga que ir «de una punta a otra» de la ciudad. «Que una adolescente lo pase tan mal y tenga que dejar los estudios, eso es violencia económica», denuncia.

También considera una situación de «violencia económica» no desarrollar la Ley de Vivienda autonómica, ya que «si esa ley se hubiese desarrollado de forma progresiva como se aprobó en su día, todas estas familias habrían tenido los derechos necesarios».

Venta a fondos buitre

Kaleratzerik Ez denuncia la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre. «Los últimos datos de la pandemia dicen que hay unas 400 viviendas en fondos buitres, ¿Cómo es posible que el Gobierno Vasco no se las quede para cubrir las necesidades de las familias vulnerables? No estamos pidiendo la luna, las familias tienen ese derecho, que está reconocido en la Ley Vasca de Vivienda que no se cumple». Desde su asociación lo consideran una «falta de empatía, responsabilidad y compromiso en los cargos públicos», y hacen responsables directos a PNV y PSE.

«La gente no entiende la situación que viven muchas familias, tanto aquí en Bizkaia como en todo el Estado», concluye el presidente de Kaleratzerik Ez. Explica que en los juzgados, terreno en el que la asociación trabaja mucho, piden que se mande la documentación por correo certificado. Además, muchas gestiones hay que hacerlas vía ordenador o móvil: «Si no tienes para comer, no tienes para gastar en estas gestiones que no son gastos básicos, y para mandar una carta tienes que pedir en la calle».

En su opinión, la violencia económica se encuentra en todos los ámbitos y tener ingresos mínimos limita en todos los aspectos: «Se supone que la Justicia es gratuita, a no ser que no tengas dinero para presentar documentación. Se supone que la vivienda es un derecho, pero vemos que nadie hace nada al respecto ¿Cómo es posible que estemos así?».