El Tribunal de Apelación de París volvió a examinar ayer la segunda petición de libertad condicional de Jakes Esnal. Esta solicitud comenzó su recorrido en 2018 y no fue hasta 2020 cuando recibió el primer visto bueno de los tribunales. Sin embargo, la Fiscalía recurrió, lo que llevó el caso a la Corte de Casación, que volvió a fallar a favor del preso lohizundarra. A pesar de que los tribunales habían dado dos veces la razón a Esnal, la Fiscalía continuó poniendo trabas a su excarcelación. En aquel momento recurrió a una argucia técnica para evitar su salida de prisión: advirtió al tribunal de que no había pasado la valoración del comité CNE, un argumento que fue rechazado, ya que, aunque recomendable, esa valoración no es imprescindible. No obstante, en la sesión de ayer el Tribunal propuso pedir la opinión, esta vez, de la comisión CPMS. Una nueva maniobra dilatoria que, según la defensa, podría retrasar todo el proceso un año más. De momento, el próximo 9 de junio se conocerá la decisión del Tribunal de Apelación al respecto.

Cuando un Estado recurre a argucias procedimentales para evitar la excarcelación de un preso, queda en evidencia. En este caso, que el francés utilice artimañas técnicas significa que carece de argumentos jurídicos para prolongar la reclusión de un preso que ha cumplido su condena con creces. Pero también carece de argumentos políticos. Hace ya cuatro años que ETA tomó la determinación de disolverse, una decisión que cambió radicalmente el contexto político de Euskal Herria, hasta el punto de que ya en 2020 salió de prisión Frederic Haranburu, detenido junto con Esnal hace más de tres décadas.

Estirar y retorcer los procedimientos para evitar que una persona que ha cumplido ya 32 años de condena y que tiene 71 años de edad continúe en la cárcel solo se puede entender desde el sadismo o la venganza. La sociedad vasca rechaza tanta crueldad y está movilizada por la libertad de los presos. Es tiempo de atender sus demandas.